El presidente del Barça esquiva su imputación en el ‘caso Neymar’

El titular del Juzgado Central de Instrucción cinco mantiene el criterio del fiscal José Perals y no ve motivos para imputar a los mandatarios del club, pese a que sus firmas aparecen en la serie de contratos simulados firmados en la contratación del futbolista Neymar Da Silva, junto a las rúbricas del expresidente Sandro Rosell, imputado en la causa, o del padre del jugador brasileño.

La solicitud de imputación la había formulado la acusación popular del proceso, encabezada por el socio Jordi Cases, pero para Ruz de los contratos sospechosos «no se colige una suficiente concreción de los comportamientos» investigados: el fraude fiscal y la apropiación indebida.

No obstante, el juez aclara que existen diligencias en trámite que podrían modificar su decisión. Se trata de la ampliación del dictamen pericial que encargó para determinar la existencia de «un perjuicio efectivo y cuantificable» para el club. El análisis de las actas de la Junta Directiva del club de 2013 o las testificales el próximo miércoles del padre y representante de Neymar, del director financiero del club, Nestor Almela, y de un perito de la Agencia Tributaria que supervisó las cifras del traspaso y el trabajo que realizó al respecto la auditoria Deloitte.

En total, se investigan los diez contratos que el Barça firmó con la empresa del padre del jugador y el Santos brasileño para incorporarlo a su plantilla en la temporada 2013-2014. Según la Agencia Tributaria, el club catalán dejó de abonar al menos 9,1 millones de euros a Hacienda en relación con el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al no tributar por pagos por 37,9 millones entre 2011 y 2013.

El pasado 23 de febrero, la Junta Directiva del Barça acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de «saldar cualquier posible deuda» derivada de esta operación. Sin embargo, la responsabilidad penal sigue latente.