La Fiscalía se opone a la imputación de Laporta en el 'caso Negreira'

Laporta no fue imputado en un principio pues se consideró que en su caso los delitos habían prescrito. Este es el argumento de la Fiscalía para recurrir el auto del juez y reclamar que se archive la investigación del mandatario azulgrana. Los pagos se efectuaron entre 2001 y 2018. El Barça dejó de abonar elevadas cantidades de dinero a cambio de informes a los Enríquez cuando Negreira padre cesó como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Laporta siempre ha negado las imputaciones del juez. Asegura que no se podrá demostrar que el club pagó a los árbitros, porque a su juicio el Barça nunca ha comprado a los colegiados, y además acusó al «madridismo sociológico» de comités, jueces y organismos de orquestar una campaña para atacar al Barça a través del 'caso Negreira'.

La Fiscalía cree que los delitos, en el caso del actual presidente culé han prescrito, incluso aunque fueran continuados. La denuncia de la Fiscalía se presentó en 2023, más de 10 años después de que Laporta abandonara la presidencia del club en su primera etapa al frente de la entidad (2003-2010). El juez, en cambio, afirmó que sí procedía investigarle, desde la premisa de que el plazo de prescripción empieza el día del último pago realizado por el club, en julio de 2018, que es cuando se habría cometido la supuesta infracción legal por última vez. «Laporta acabó su presidencia el 30 de junio de 2010, por lo que la responsabilidad de sus posibles delitos prescribió a los 10 años después», según el Ministerio Público.

El juez mantiene que los pagos que el Barça hizo a los Enríquez «produjeron los efectos arbitrales deseados, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos». «Como conclusión», remató el magistrado en su último auto, los actos efectuados por el exvicepresidente del CTA «tuvieron por fuerza que beneficiar al Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey». «Dichos actos solo podían referirse a designaciones arbitrales tendenciosas», aseguró.