Hacienda da el visto bueno al pacto con Cristiano

Aunque el portugués y sus asesores defendieron durante meses que el astro nunca tuvo intención de defraudar impuestos en España, argumentando en su favor la regularización voluntaria que efectuó en 2014, el nuevo futbolista de la Juventus acabó plegándose a quienes le aconsejaron buscar un acuerdo que pusiese fin a un proceso judicial que podría haber acabado llevándole a prisión. Así lo adujo una de las responsables de la inspección fiscal al delantero de Madeira, que llegó a afirmar ante la juez que instruía el caso que «contribuyentes con fraudes de 120.000 euros» acabaron en la cárcel, por lo que no se entendería que no lo hiciese un deportista que presuntamente había dejado de satisfacer obligaciones fiscales por valor de 14.768.897 euros en cuatro ejercicios, repartidos de la siguiente forma: 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y 8,5 en 2014.

El acuerdo suscrito entre la defensa de Cristiano Ronaldo y las acusaciones, certificado ahora por la Agencia Tributaria, que fue el organismo que denunció al futbolista, rebaja el importe defraudado a 5,7 millones de euros, aunque la cantidad total que habrá de satisfacer el quíntuple ganador del Balón de Oro se eleva a cerca de 19 millones de euros al sumar también la multa y los intereses generados. Además tendrá que sufragar las costas asumidas por la Abogacía del Estado en el proceso.

Subsiste aún un último escollo para dar carpetazo definitivo al proceso, ya que mientras la Fiscalía respalda que la condena penal sea sustituida por una multa, Hacienda prefiere que permanezca la pena de dos años de cárcel, seis por cada uno de los cuatro delitos fiscales que asume Cristiano, de modo que, aunque no entre en prisión, el delantero cuente con antecedentes que le impidan reincidir. Una discrepancia que habrá de resolverse durante la vistilla en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que el portugués tendrá que dar su conformidad al acuerdo.

De solventarse la diferencia de criterio entre la Fiscalía y la Agencia Tributaria, Cristiano Ronaldo podrá olvidarse definitivamente de un asunto que complicó su horizonte personal y profesional. El litigio con Hacienda generó profundo malestar en el futbolista, que cuando compareció el 31 de julio de 2017 en el juzgado en calidad de investigado sostuvo que nunca había «ocultado nada» ni tenido «intención de evadir impuestos» y que se escudó en la confianza hacia sus asesores, remarcando que al fichar por el Real Madrid en 2009 no creó «una estructura especial» para gestionar sus derechos de imagen sino que mantuvo la que los manejaba cuando militaba en el Manchester United y vivía en Inglaterra. «Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima».

Por aquel tiempo, su entorno ya había deslizado el deseo del luso de abandonar el Real Madrid y él mismo llegó a declarar ante la magistrada que le gustaría «volver a Inglaterra» ya que nunca tuvo allí «ningún problema». Cristiano Ronaldo salió finalmente del Real Madrid este verano para recalar en la Juventus de Turín, que abonó 100 millones de euros a la entidad de Chamartín más otros doce en concepto de derechos de imagen y comisiones.

Pero la amenaza judicial persistía pese al cambio de residencia, como subrayó el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) al recordar que la marcha del delantero no alteraría sus problemas con la Agencia Tributaria y que de ser condenado «podría ser activada una orden de detención y entrega» para que rindiese cuentas ante la justicia española. Ese mismo colectivo criticó este jueves el acuerdo entre las partes, al considerar «difícil de justificar» la rebaja en la cuantía defraudada, lamentando además que los asesores del deportista, «que podrían llegar a ser considerados cooperadores necesarios en la comisión de los delitos fiscales», queden exentos de responsabilidades penales.