La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Rosell por presunto fraude

Según el fiscal, esta empresa, TOC SLU, no tenía «estructura empresarial para prestar los servicios que constituían su objeto social» y estaba domiciliada en casa de Rosell.

En 2012, esa empresa pagó a cinco trabajadores, cuatro de ellos dedicados trabajos de limpieza y mantenimiento en casa de Rosell y en su segunda residencia, con un solo empleado encargado de las funciones administrativas, mientras que «ni el acusado ni la referida sociedad tributaron por la prestación de servicios que constituyó la base de su actividad».

El fiscal cree que Rosell aprovechó su control sobre la empresa para obtener rentas que no declaró en su declaración de IRPF y que eran «rentas derivadas de su personal actividad profesional, limitándose TOC a subarrendar oficinas en el inmueble que tenía arrendado el acusado».

Para hacerlo, el fiscal mantiene que TOC SLU emitió y cobró facturación por 352.382 euros a clientes que en realidad eran de Rosell directamente, lo que «ocultaba» la retribución a él.

«En esa misma línea de ocultar las verdaderas cifras derivadas de su renta, declaró, en el citado ejercicio, una pérdida patrimonial de 21.016,11 euros como consecuencia de una supuesta venta» de inmuebles que había adquirido en 2009, pero según la Fiscalía no fue una compra real sino una opción a compra.

El fiscal también detalla que Rosell no declaró las rentas de un inmueble que tenía en Girona, y calcula que en total ha defraudado 230.591 euros que debería haber pagado a Hacienda.

En junio de 2019, Rosell ya ingresó la cuota defraudada además de los intereses por el retraso (otros 57.320 euros), y por eso el fiscal incluye en su escrito de acusación una atenuante de reparación del daño.

Pide al juez que condene a Rosell a dos años y nueve meses de cárcel y que además le multe con 300.000 euros y le retire la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas ni de tener beneficios o incentivos fiscales durante tres años.