La Fiscalía anticorrupción se hace cargo del 'caso Negreira'

Según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal o un delito continuado de apropiación indebida, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía de Barcelona formalizó el pasado viernes la presentación de una denuncia contra el FC Barcelona y contra sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta no fue incluido en la denuncia porque en su caso los presuntos delitos ya habrían prescrito. El Ministerio Público, que ha citado a declarar a Luis Enrique y a Ernesto Valverde como exentrenadores del Barça, acusa al club y a los expresidentes de la entidad de pagar a los árbitros para buscar beneficios deportivos. «A través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial», con el vicepresidente del colectivo arbitral, para que «a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones». «Supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno», señala la denuncia.

El Barça se ha defendido este martes a través de Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta. «Estamos tranquilos», «no hay ninguna irregularidad», el «club es inocente, no hemos comprado ningún árbitro ni nada. No tenemos miedo a que nos pase nada», ha afirmado quien ejerce de mano derecha de Laporta en la gestión de la nave azulgrana, en un acto de Nacex, en el club de golf de Barcelona, e impulsado a favor de la Fundación Enric Masip. El exjugador de balonmano ha asegurado que el Barça se defenderá «dónde haga falta», que nadie va a tirar por tierra sus valores y su honorabilidad y que no es casualidad que el caso haya explotado cuando el equipo va líder en la liga. El club, no obstante, sigue si aclarar por qué pagó 7 millones durante 18 años a Negreira y con qué fin.

Mientras, el Govern catalán se pone de perfil en toda la polémica. La Generalitat, a diferencia del Gobierno central, ha anunciado que no tiene previsto personarse judicialmente en el caso. A pesar de que el Ejecutivo catalán tiene competencias transferidas en el ámbito del deporte, no solo no tiene intención de actuar jurídicamente contra el Barça, sino que ni siquiera se ha reunido con la entidad blaugrana para abordar el caso. El Govern ha criticado además a quienes de alguna manera intentan «sobrefigurar» en toda esta causa.