Dispendio económico de la final de la copa libertadores. Un grano en el granero de la seguridad pública

El art. 104 de la C.E. señala como misión fundamental de las FFCCSE, la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana, siempre bajo la dependencia del Gobierno.

Resulta por tanto incuestionable la necesidad de que sea el Ministerio de Interior quien asuma esa responsabilidad, si bien lo que no resulta sostenible es el hecho de que los Clubes de Futbol–sociedades anónimas deportivas- u organismos como la Liga de Futbol Profesional, la UEFA, o la FIFA, beneficiarias últimas del desorbitado rendimiento económico generado en torno a estos espectáculos deportivos, no sufraguen, ni total, ni parcialmente, el coste de estos acontecimientos que semanalmente celebran en diferentes ciudades españolas.

Helicópteros, Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos, Caballería, Subsuelo, Información o Seguridad Ciudadana, participan habitualmente en los dispositivos diseñados en torno a estos espectáculos deportivos, acercándose en algunos casos al millar de efectivos.

El domingo se celebrará en Madrid un encuentro entre dos clubes argentinos, suspendido en su país de origen por los graves y violentos incidentes provocados por los hinchas de ambos equipos en el partido precedente.

Para garantizar las requeridas condiciones de seguridad en el desarrollo de este evento, algo a lo que la sociedad española está acostumbrada, numerosos efectivos policiales han visto suspendidos sus permisos de fin de semana y, en determinados casos, deberán desplazarse desde diferentes puntos hasta la capital.

Este despliegue de medios humanos y materiales, que supone numerosos traslados temporales desde otras plantillas, evidentemente implicará gastos de trasporte y dietas para manutención y alojamiento, algo que de nuevo sumará un ingente gasto económico con cargo a las arcas públicas. A pesar de que la sociedad española parece haberse acostumbrado y lo asume de forma natural, probablemente se trate de una tolerancia basada en la falta de información al respecto.

Al coste anterior hay que añadir la importante y nunca contabilizada sobrecarga de horario que supone para los funcionarios este tipo de servicios, que ante la imposibilidad de obtener una compensación económica por horas extras como servicios extraordinarios, deberán aceptar ser gratificados con días libres posteriores, lo que repercutirá en la consiguiente merma de efectivos en otros servicios de seguridad ciudadana.

Todo este gasto público para dar una seguridad a espectáculos privados, del que nunca se habla y nadie se ha atrevido a ponerle cifra de coste, lo sostenemos los ciudadanos para beneficio, nos gusten o no, de esas sociedades anónimas que los organizan para su propio lucro. Y mientras, en algunas de las comisarías donde los efectivos movilizados desarrollan sus labores diarias de seguridad ciudadana y atienden a los ciudadanos, las instalaciones se declaran ruinosas, los gastos se restringen hasta en la disponibilidad de papel para los escritos, o en medidas de seguridad básicas como es la no disponibilidad de chaleco antibalas para que todos los policías puedan desarrollar sus funciones con las mínimas medidas de seguridad.

Si se diera la circunstancia de que las sociedades anónimas deportivas tuvieran que pagar las seguridad derivada de estos eventos y ese dinero repercutiera en la mejora de los servicios de la seguridad pública, seguramente tendríamos una Policía más moderna, dotada con mejor material, con instalaciones funcionales para atender a sus ciudadanos, y con dinero para retribuir todos estos servicios extraordinarios como tales sin necesidad de tener que, necesariamente, compensarlos con horas libres. Y lo que es más importante, nunca el servicio público al ciudadano se vería afectado, ni mermado, en beneficio de intereses particulares que mueven cantidades descomunales de dinero privado.

Y todo esto que, a día de hoy, parece pura ficción, podría conseguirse solo con repercutir los gastos de seguridad de estos eventos a quienes verdaderamente obtienen los beneficios económicos, consiguiendo así que medios y efectivos públicos aunque garanticen la seguridad en sus acontecimientos privados, no suponga coste alguno para los ciudadanos.

Por todo ello desde el SUP, denunciamos públicamente la necesidad de abrir este debate y acometer cambios normativos que exijan a los clubes y sociedades anónimas deportivas el pago proporcional de los costes de seguridad asumidos íntegramente por el Estado y que actualmente solo favorecen a intereses privados y nunca a intereses generales.