La AFE advierte que las concentraciones pueden ser inconstitucionales

Así lo pone de manifiesto el sindicato en una carta remitida a los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Trabajo y Economía y al Consejo Superior de Deportes (CSD), en la que traslada de nuevo su preocupación por ciertas medidas de la desescalada, además de mostrar su «sentido de la responsabilidad» y su voluntad de consenso en las decisiones relacionadas con el fútbol.

Tras remitir sus alegaciones al protocolo aprobado la semana pasada y no haber recibido respuesta, el sindicato insiste con gran preocupación en la posible situación de inconstitucionalidad que pueden generar las concentraciones-aislamientos prolongados en el tiempo y que pueden afectar a la salud del deportista, «sobre todo si se trata de decisiones unilaterales por parte de las empresas».

«Este sindicato va a ser muy claro en este sentido, de tal manera que, si con ello se lesionan derechos o los afectados así lo denuncian, los defenderemos con determinación», afirma, tras asegurar que «un estado de alarma no invalida un estado de derecho» y «se podrían dar situaciones de estado fallido si esos derechos no se respetan, por cuanto están bajo la cobertura del marco constitucional».

Para la AFE, las concentraciones como escenarios de confinamiento, durante un mínimo de tres a cuatro semanas según el protocolo, afectan a los derechos y libertades que reconocen los artículos 9 y 139 de la Constitución española y también la normativa comunitaria.

«Dicha libre circulación sólo podrá ser suspendida con motivo de la declaración del estado de excepción o sitio, siempre que así se establezca expresamente en la autorización correspondiente, y que podrá limitarse en caso de declaración de estado de alarma, de acuerdo con las características y motivos que provocaran la declaración de este estado excepcional», destaca.

La AFE se refiere también al Estatuto de los Trabajadores, «en lo que suponen unos derechos, por medio del contrato de trabajo, que se convierten en obligaciones para el empresario». «Y en estos contratos poco o nada se ha dicho sobre concentraciones-confinamientos unilaterales», agrega.

«Ni hay legitimidad, ni legitimidad para imponerlo de forma unilateral. Ni siquiera, aunque las prescripciones médicas pudieran aconsejarlo. Este sindicato se ve en la obligación de ponerlo de manifiesto y denunciarlo a los efectos. Porque la legislación de riesgos laborales es la garantía para la defensa de esa integridad de la salud, y más allá de ella no encontramos cobertura legal en la concentración- aislamiento-confinamiento, que es lo que se ha planteado aquí con la connivencia, que es extraño, de un Gobierno que debe velar con el estado de las libertades públicas e individuales», subraya.

El sindicato menciona igualmente derechos reconocidos en el Estatuto como el respeto a su intimidad, los derivados del contrato de trabajo y los convenios colectivos y pregunta por el mecanismo de coordinación que actúe como alerta cuando se produzca algún incumplimiento del protocolo.

«Queda claro, por tanto, que no se pueden establecer condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos, ampliándose esta afirmación a la imposibilidad de disponer o renunciar a derechos», enfatiza AFE, que reitera su «obligación de proteger derechos como sindicato».