Jorge Mendes niega que intervenga en los asuntos fiscales de sus representados

Según el texto de la empresa de representación, el agente portugués declaró durante 45 minutos, en los cuales explicó que se dedica «exclusivamente» a «representar a futbolistas en sus negociaciones con los clubes para la determinación de las condiciones salariales de sus contratos». Después lo hizo la esposa de Falcao, la argentina Lorelei Dahiana Tarón, convocada como testigo. «Ni él (Mendes) ni sus colaboradores han intervenido nunca en la constitución de las estructuras societarias de los jugadores a los que representa, ni tampoco en el asesoramiento fiscal de los mismos», añade el texto tras la declaración, después de la cual se marchó por la puerta trasera del juzgado casi cuatro horas después ante la jueza Mónica Gómez Ferrer, tras la declaración de otros dos testigos.

Gestifute explicó que el agente portugués también aclaró ante el juzgado que es accionista pero no administrador de la empresa Polaris, una sociedad radicada en Irlanda que ha sido vinculada con estructuras societarias de algunos de los representados por Mendes investigados por la Fiscalía. Según Gestifute, esta sociedad se dedica «exclusivamente a buscar anunciantes para los clientes, pero no a gestionar sus derechos de imagen». Esta sociedad está administrada por Luis Correia, que declarará ante el Juzgado el próximo 20 de septiembre, según Gestifute, y que ratificará y aclarará que tanto él como Mendes, Gestifute y Polaris no han intervenido «nunca» en la explotación de los derechos de imagen de los jugadores.

En los últimos meses, las autoridades españolas han intensificado su lucha contra el fraude fiscal en el fútbol. Una de las piezas clave ha resultado ser Jorge Mendes, también agente del delantero madridista Cristiano Ronaldo, que el 31 de julio deberá declarar en Pozuelo por un presunto fraude de 14,7 millones de euros. En el caso de este martes, Falcao, actualmente jugador del Mónaco, fue denunciado por la fiscalía por un presunto fraude de 5,66 millones de euros entre 2011 y 2013, cuando militaba en el Atlético de Madrid. Falcao habría recurrido para ello a una red de sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, Irlanda, Colombia y Panamá.

Según el consorcio de medios que analizó miles de documentos sobre las prácticas fiscales de numerosos futbolistas, los llamados «Football Leaks», Mendes y su empresa Gestifute están detrás de una red de sociedades pantalla y cuentas offshore creadas para reducir el monto de los impuestos de sus clientes. El objetivo de dicho montaje parece centrado en los derechos que corresponden a estos jugadores en concepto de publicidad, lo que se conoce como los derechos de imagen.

Entre los demás clientes de Mendes están el ex entrenador portugués del Real Madrid José Mourinho, Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho y Ángel Di María, todos ellos investigados por la justicia española por presuntos fraudes fiscales. En el caso de Mourinho, Gestifute emitió la semana pasada un comunicado para decir que la Agencia Tributaria española confirmó en su día, con un certificado, que éste «había regularizado su situación y que se encontraba al día de todas sus obligaciones tributarias».

Gestifute, radicada en Portugal y fundada en 1996, desmiente también de forma categórica haber articulado cualquier tipo de montaje fiscal fraudulento. «Ni Jorge Mendes ni la sociedad que dirige, Gestifute, participan o prestan un servicio vinculado, directa o indirectamente, a un asesoramiento financiero, fiscal o legal de sus clientes», afirmó la empresa en un comunicado difundido el día en que se supo la convocatoria del agente ante la justicia.

Según el semanario alemán Der Spiegel, que obtuvo los documentos de «Football Leaks», Jorge Mendes habría permitido a sus clientes disimular al menos 185 millones de euros de ingresos a distintas administraciones fiscales.

Para ello habría recurrido, entre otras, a una empresa irlandesa, Multisports & Image Management, citada en varias investigaciones contra sus clientes, entre ellos Falcao y Di María. Este último alcanzó recientemente un acuerdo amistoso con la fiscalía española, por el que reconoce un fraude de 1,3 millones de euros en concepto de derechos de imagen.