Antiviolencia remite a la Fiscalía los informes de la Policía sobre la pitada al himno

Antiviolencia ya acordó el pasado 1 de junio recabar y remitir toda la información disponible sobre la pitada a la Fiscalía, y abrir expediente informativo a quienes «protagonizaron, impulsaron o facilitaron las conductas infractoras detectadas», es decir, a las organizaciones independentistas, entre ellas, Catalunya Acció, que repartieron 10.000 silbatos entre los aficionados asistentes al Camp Nou.

La Comisión Antiviolencia también propuso este jueves sancionar al Cádiz con 180.000 euros: una multa de 120.000 «por diversas deficiencias en las medidas de control de acceso» al Ramón de Carranza durante el encuentro contra el Oviedo del 31 de mayo; y otra de 60.000 «por incumplir las medidas preventivas y de seguridad establecidas al ser declarado de alto riesgo el citado partido». Entre las deficiencias en las medidas de control de acceso y permanecia de espectadores en el estadio del Cádiz Antiviolencia destaca «exceso de aforo en diversas zonas de las gradas, ocupación de pasillos de evacuación y bocanas, con grave riesgo para los aficionados, falta de vigilantes de seguridad en las puertas durante el encuentro y zonas del estadio sin vigilancia por las que se detectó el acceso sin entrada de numerosos aficionados».

También se propone una multa de 30.000 euros al Oviedo «por incumplir el protocolo establecido para la llegada al estadio de los autobuses de los aficionados visitantes». «Este retraso (más de 30 minutos) hizo que se produjesen graves alteraciones del orden y diversos enfrentamientos entre la afición local y visitante al coincidir estas en los accesos al estadio», subraya el organismo.

Respecto a los incidentes en Montilivi, el estadio del Girona, en la recta final del partido de Segunda División disputado el pasado domingo ante el Lugo, Antiviolencia reitera al club catalán «la petición cursada en los días precedentes sobre la identificación de la persona que arrojó una botella de agua al árbitro (asistente)». Antiviolencia decidió solicitar informes «a los órganos competentes de la Generalitat de Cataluña y a la Liga de Fútbol Profesional y, «en particular, se pide a la LFP que aporte los documentos de audio/vídeo que recogen tales incidentes».