El Convenio Colectivo del fútbol femenino ya tiene sustento legal

Un logro que ha sido posible tras más de un año negociando, con una huelga incluida y que permite el reconocimiento legal del trabajo de las futbolistas que conforman la Primera Iberdrola. La crisis sanitaria y la decisión de UGT de impugnar una cláusula centrada en la legitimidad a la hora de negociar los posibles cambios en el convenio retrasaron la publicación.

Pese a ello, y respondiendo al carácter retroactivo del acuerdo, todas las futbolistas vieron actualizados sus respectivos contratos después de la firma del acuerdo. De esta forma, las jugadoras han visto aumentado su salario mínimo (16.000 euros) con una parcialidad al 75% (12.000 euros) si el contrato laboral es a media jornada, una de las claves de bóveda de las negociaciones y el motivo principal por las que estas encallaron.

Otro de los puntos que han generado más controversia son los derechos de formación. Derivados del Artículo 20, se trata de las cláusulas de compensación que deben pagar los clubes españoles si quieren hacerse con los servicios de una jugadora Sub-23 que acaba contrato con otro equipo español.

La polémica se desató en la primavera, cuando los clubes, al comenzar a moverse en el mercado de fichajes, se toparon con esta cláusula que en algunos casos llega al medio millón de euros. Ello se tradujo en una guerra que acabó el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional. El sindicato Futbolistas ON reclamó la anulación de la compensación económica, mientras que AFE solicitó modularlos. A su vez, la patronal (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino) pidió su aplazamiento al curso que viene.

Hoy, con la publicación en el BOE, los derechos de formación siguen vigentes salvo para Barcelona, Athletic Club y Real Madrid, que están exentos de pagarlos este año, pero no el que viene.