Imanol Arias y Ana Duato irán a juicio por defraudar a Hacienda

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad es la es la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta le genera». En el caso de Arias, el juez afirma que ocultó al fisco parte de sus rentas procedentes, en su gran mayoría de 'Cuéntame cómo pasó'. De acuerdo con los informes del auxilio judicial, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros. No obstante, el juez Moreno destaca que el actor vasco ha realizado pagos superiores a 2,3 millones en los últimos años.

En el mismo sentido, indica el juez de la Audiencia Nacional, con la estructura societaria creada por Peña para Duato y para su marido Miguel Ángel Bernardeau, «estos ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie». El informe del auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Duato en su IRPF en: 179.069,67 euros (2010); 313.034,05 euros (2011); 320.416,29 euros (2012); 246.998,14 euros (2014); 192.143,18 euros (2015); 272.077,12 euros (2016) y 380.718,17 euros (2017). De otra parte, indica el auto, el 4 de febrero de 2016, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria, la actriz ingresó 185.213,76 euros por el ejercicio 2010; 311.370,92 euros por el ejercicio 2011 y 341.578,93 euros por el año 2012.

Por su parte, dicho informe del auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Miguel Ángel Bernadeau en su IRPF en: 221.977.51 euros (2011); 190.047,87 euros (2012); 148.021,56 euros (2014) y 148.083.61 euros (2015).

El magistrado apunta que para el control de esta estructura es auxiliado por su hijo Pedro Ángel Peña Bello y por sus jefes de departamento José Luis Álvarez García (área fiscal), Pedro Mena Regodon (contabilidad) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes «actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005».

«Al tiempo –señala el juez- el despacho Nummaria facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos. Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas». En el caso de Fernando Peña, con el uso de dicha estructura eludió presuntamente sus obligaciones tributarias tanto en el IRPF como en el IVA, que el auxilio judicial ha cuantificado en 9,8 millones en el caso del primero de los impuestos y de 5,8 millones en el segundo.

Las estructuras societarias creadas son casi idénticas para todos los clientes afectados. «La finalidad de las mismas es evitar la tributación por el IS de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF». Al mantenerse en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades también se han evitado en España contingencias fiscales por IRPF, como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, señala el instructor.

Explica el auto que el sistema a través del cual se consigue este efecto no es otro que el de evitar que la facturación a clientes se haga desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas sin tributación alguna en nuestro país.

En otro auto, el magistrado acuerda la formación de una pieza separada para la investigación de un delito de blanqueo de capitales respecto de Fernando Peña y José Luis Álvarez García.