La UE exigirá una cuota del 30% de contenidos europeos a plataformas como Netflix

Los Veintiocho han llegado a un principio de acuerdo sobre su posición para poder comenzar a negociar con la Eurocámara las nuevas normas comunitarias sobre servicios audiovisuales propuestas por la Comisión Europea en mayo y extenderlas a las plataformas de vídeo bajo demanda y las redes sociales propuestas.

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Sucia, Reino Unido y República Checa han votado en contra del acuerdo con todo, mientras que Hungría se ha abstenido, aunque la propuesta de compromiso puesta encima por la Presidencia maltesa de la UE ha podido salir adelante para empezar a negociar con la Eurocámara al superar la mayoría cualificada necesaria de países que la ha respaldado, han explicado fuentes europeas.

La Comisión Europea planteó una cuota del 20% en su propuesta legislativa que presentó en mayo para modernizar las normas comunitarias sobre servicios audiovisuales y extenderlas a las plataformas de vídeo bajo demanda, aunque la presidencia maltesa de la UE ha acordado en su última propuesta de compromiso elevarla al 30%, en línea con la petición de la "mayoría" de países, entre ellos, España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Chipre, Grecia, Rumanía, Lituania, Letonia, Croacia e incluso Hungría. Polonia aceptaba una cuota del 20%.

En cambio, Dinamarca ha rechazado un sistema de cuotas al considerar que "no le compete a la UE determinar qué contenido hay que ofrecer", al igual que Finlandia, que ha rechazado la idea de cuotas "impuestas". Países Bajos y Reino Unido han puesto en duda que las cuotas sea un sistema "eficaz", Bélgica ha considerado que "hay mejores formas" de promover el contenido europeo y República Checa también dejó claro que no estaba "convencido" con las cuotas.

Las nuevas normas contemplan que los Estados miembros puedan exigir a las plataformas que contribuyan financieramente, a través de una tasa o un canon, al desarrollo de las producciones audiovisuales europeas, ya sea invirtiendo directamente en contenido o contribuyendo a fondos nacionales y precisan que sus aportaciones deben ser "proporcional" a sus "ingresos" al país donde contribuyan.

Así, las normas contemplarían "la excepción al principio de país de origen", lo que permitiría a los países exigir a las plataformas que contribuyan por los ingresos que obtienen en los países de destino, aunque no estén establecidos en ellos, algo que también afecta a los operadores lineales. Los países de establecimiento, además, deberán tener en cuenta la contribución que hacen las plataformas en los diferentes países de destino.

El ministro de Educación español, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro que para España era "esencial" mantener "la posibilidad de que los Estados miembro puedan imponer obligaciones financieras a los servicios de comunicación audiovisuales bajo su jurisdicción, así como aquellos que estén regulados fuera de la misma pero se dirijan a sus audiencias" durante el debate público de los Veintiocho.

España ya exige a las televisiones en línea que destinen el 5% de sus ingresos a la producción cinematográfica desde el año 2001. "En España, seguramente, lo que se hará es extender el 5% a las plataformas de vídeo bajo demanda", han explicado fuentes diplomáticas, que precisan que en España, a diferencia de Francia, no se aplica un canon como tal, sino una contribución financiera que el operador invierte "directamente" en producción y "no hay traspaso de dinero al Estado".

En cambio, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido han sido los más reacios a la posibilidad de imponer una tasa financiera. "Con la propuesta de que los Estados miembros puedan cobrar una tasa transfronteriza, se está tirando por la basura el principio de país de origen", ha denunciado el representante neerlandés, que ha avisado supondrá "una fragmentación" en el mercado y la tasa terminará "repercutiendo sobre los consumidores" y tendrán "menos contenidos".

Reino Unido también ha rechazado la idea de una tasa y ha criticado que autorizar a países de destino a imponerla en operadores establecidos en otros países "socava el principio de país de origen y equivale a un impuesto". Luxemburgo también ha avisado de que la tasa "desincentivaría" los servicios transfronterizos y ha criticado en general que la propuesta genera "incertidumbre jurídica" y "no hay ningún estudio de impacto" sobre sus consecuencias. Suecia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda y República Checa también rechazan la posibilidad de pedir una contribución financiera a los operadores, según fuentes diplomáticas.

Las redes sociales, incluidas

Los Veintiocho han acordado extender las actuales de normas de servicios audiovisuales a las plataformas de vídeo bajo demanda pero también a las redes sociales como Facebook y Twitter si difunden "una parte esencial" de contenidos audiovisuales, han explicado fuentes europeas. El alance de la directiva era otro de los principales escollos que han dividido a los Veintiocho, junto con las cuotas.

Eso sí, la difusión en directo o 'streaming' de contenidos finalmente quedan fuera del alcance de la directiva, a pesar que países como España y Francia defendían su inclusión.

Los mismos países que rechazan exigir una contribución financiera a las plataformas para producir contenidos europeos son "los mismos" que se oponen a extender las nuevas normas de servicios audiovisuales al contenido audiovisual de las redes sociales, alegando las "enormes consecuencias" que tendrán las nuevas normas sin que haya "habido una evaluación de impacto".

El acuerdo de principio de los Veintiocho también introduce la posibilidad de que un país de destino puedan "tomar las medidas que considere oportuno" contra un proveedor de servicios que vuelva a difundir contenido problemático tras haber cometido una infracción "por motivos de seguridad y orden público", han explicado fuentes europeas.

Además, se reforzará la cooperación entre los reguladores nacionales en caso de contenidos transfronterizos problemáticos en un intento de reducir el riesgo de que los proveedores se aprovechen de normas menos estrictas en determinados países, algo especialmente importante para Polonia, Hungría y Portugal. El acuerdo de compromiso contempla que el país de origen deberá hacer el máximo para encontrar una solución en un plazo de dos meses.

Los nuevos medios deberán cumplir además con las normas de protección de menores y no podrán difundir ningún contenido que incite a la violencia, al odio o al terrorismo.