Intervenido en Málaga un proveedor pirata tras una denuncia de la Premier League

Vendían a hoteles, bares, comunidades de propietarios y particulares, dispositivos "vitaminados" para recibir la señal decodificada junto a distintos contratos anuales a paquetes de contenidos audiovisuales.

La investigación se inició a raíz de una denuncia suscrita por un representante legal de The Association Football Premier League contra una mercantil que estaba ofertando sin autorización y a través de las web de las que es titular, un servicio de suscripción a canales de pago entre los que se encontraban aquellos de los que es titular la parte denunciante.

El representante de la Premier manifestó a los agentes que se había personado en un local que la empresa denunciada poseía en un centro comercial de Calahonda, y una vez allí, los empleados le mostraron los servicios que podían ofrecerle, que consistían en la adquisición de un dispositivo para recibir la señal decodificada y en una suscripción anual a un paquete de canales de pago.

El representante, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado, también facilitó como medio de prueba un dispositivo y una suscripción Premium, que había adquirido por 450 euros en el establecimiento de la empresa objeto de denuncia.

Una vez conocidos los hechos, los investigadores analizaron el dispositivo aportado por la parte denunciante y comprobaron que estaba "vitaminado", preparado para que el cliente únicamente tenga que conectarlo al router y a la televisión para ver los canales sin necesidad de instalar un software específico, de manera que podía acceder a más de 100 canales internacionales.

Continuando con las indagaciones y con el objetivo de comprobar quién estaba detrás de la mercantil denunciada, los agentes llevaron a cabo una serie de actuaciones que determinaron que la actividad delictiva estaba presuntamente dirigida por dos ciudadanos ingleses.

También comprobaron que aprovechaban la capacidad técnica y logística que les brindaba su empresa, dedicada a servicios de telecomunicaciones, para, de una manera muy rentable y de forma ilícita, proporcionar a sus clientes el acceso a canales internacionales de pago a cambio de una cantidad de dinero muy inferior a la de mercado.

Además de utilizar la infraestructura de la empresa, la presencia de una amplísima población extranjera en la provincia de Málaga donde situaban su actividad, les brindaba una amplísima oportunidad de negocio. Entre los clientes a los que se ha comprobado que prestaban servicio se encontraban tanto personas particulares como hoteles, bares y comunidades de vecinos.

Destruir pruebas por "control remoto"

Una vez hallados indicios suficientes sobre la actividad ilícita desarrollada, los investigadores llevaron a cabo una entrada en el local investigado. Nada más iniciar el registro, los agentes pudieron comprobar las fuertes medidas de seguridad con las que contaba el local, dotado con un sistema de vídeo grabación que permitía a los presuntos responsables controlar a sus empleados desde Reino Unido, donde residen en la actualidad.

Este control era ejercido de forma tan exhaustiva que, en el momento de iniciarse el registro por parte de los agentes, intentaron de manera remota la destrucción de los archivos relativos a pagos y a la clientela pero, la rápida y eficaz actuación de los investigadores, lo impidió.

En el momento del registro se encontraban en el local cinco de los diez empleados de la empresa, entre ellos el administrador de sistemas, que era el encargado del mantenimiento y del buen funcionamiento de los servidores destinados a proporcionar el acceso ilícito a los canales.

También se hallaban en el interior del establecimiento un técnico informático, responsable de preparar los dispositivos, y tres responsables de ventas.

El local disponía de un anexo donde se encontraban ubicados los 'racks' en los que tres servidores trabajaban de forma conjunta para proporcionar el acceso ilícito a canales internacionales, e incluso había conectados varios decodificadores que se encontraban en funcionamiento, y que fueron desconectados e intervenidos.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Comisaría General de Policía Judicial y del Grupo I de la UDEV de la Brigada Local de Policía Judicial de Fuengirola.