La 'solución final' contra el pueblo gitano

Para el catedrático José Luis Gómez Urdáñez, Ensenada no soportaba «que los gitanos presos en sus arsenales (de la Armada) fueran un estorbo en vez de la mano de obra para sus planes en la Marina de guerra. Un breve añadido en la anterior ley de 1745 demostraba que a Ensenada no le temblaría la mano: la pena de muerte, reservada hasta entonces a los gitanos 'acuadrillados' sorprendidos con armas de fuego, era extendida a los 'encontrados con armas o sin ellas fuera de los términos de su vecindario'. 'Sea lícito hacer sobre ellos armas y quitarlos la vida', dice la Real Cédula».

Y pese a que las autoridades avisaron al marqués de que la mayoría del pueblo gitano ya estaba avecindado y en proceso de integración, Ensenada eliminó los informes en el plan definitivo que presentó a Fernando VI: «Luego que se concluya la reducción de la caballería, se dispondrá la extinción de los gitanos».

Previamente, había dispuesto el noble riojano localizar a los gitanos en cada uno de los pueblos y apresarlos en el mismo día a la misma hora en toda la Península. ¿Y después? El Proyecto de Exterminio de Gitanos, también conocido como la 'gran redada', establecía la separación de maridos y mujeres, para que no pudieran procrear, así como el envío de los niños mayores de siete años con los hombres.

Las dos grandes operaciones de captura se produjeron el 30 de julio de 1749 y en la tercera semana del mes de agosto. Más de 9.000 gitanos fueron apresados, si bien otros miles pudieron escapar bajo la protección de la nobleza y la iglesia. Los detenidos sufrieron cárcel o deportación a barrios aislados. Las condiciones de hacinamiento, que incluían el uso de grilletes, fueron inhumanas.

«La crueldad del ministro incrementó la cohesión y la entereza del pueblo gitano ante la extrema represión y provocó las primeras manifestaciones de conciencia de muchos payos. La resistencia de los gitanos presos, su firme negativa a trabajar en los arsenales, sus fugas, pero sobre todo las protestas violentas provocadas por las gitanas presas forzaron incluso el indulto regio de 1763 –algo poco frecuente en el Antiguo Régimen–; todo ello provocó el cambio de actitud de los ministros de la monarquía, enzarzados desde entonces en veinte años de debates», concluye Urdáñez.

En 1765, dieciséis años después de la 'gran redada', la Secretaría de Marina ordenó liberar a todos los presos, con el rey Carlos III en el trono.

No se habían andado tampoco con chiquitas los Reyes Católicos cuando, en 1499, ordenaban: «Mandamos a los egipcianos (gitanos) que andan vagando por nuestros reinos y señoríos... que vivan por oficios conocidos... o tomen vivienda de señores a quien sirvan... Si fueren hallados o tomados, sin oficio, sin señores, juntos... que den a cada uno cien azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez que les corten las orejas, y estén en la cadena».