El Gobierno impone auditores externos a la SGAE tras los escándalos

Una de las medidas clave es la que obliga a las entidades que facturan más de 100 millones de euros año, como es el caso de la polémica Sociedad General de Autores (SGAE), a crear un órgano de control interno, con auditores independientes y ajenos a la sociedad, que tendrá entre sus competencias controlar la ejecución del presupuesto y el reparto que los directivos hacen de la recaudación a los socios.

Las sociedades más pequeñas también tendrán la obligación de constituir este órgano interno de control, que tendrá que informar periódicamente a la asamblea de socios, pero, en su caso, los miembros podrán pertenecer a la organización. En este segundo caso, su función primordial será fiscalizar la labor de los órganos de gobierno y de representación de las entidades e informar a los socios.

Se trata de la traslación a España de una directiva de la UE, pero el propio Ministerio de Cultura reconoce que ha hecho una regulación «más estricta» de la que le obligaba la Unión por las «dudas» sobre la transparencia y la gestión de los ingresos de los autores que ha generado «en los últimos tiempos» el funcionamiento de «algunas entidades», en lo que parece una clara referencia a los sucesivos escándalos de la SGAE.

Quien fuera presidente de la SGAE durante 16 años, Teddy Bautista, junto a otros exdirectivos y empresarios están a la espera de ser juzgados por la Audiencia Nacional por la presunta apropiación de unos 47 millones de la sociedad y se enfrentarán a penas de entre 7 y 12 años de cárcel por diversos delitos. El año pasado saltó un nuevo escándalo, el de 'La rueda', otra presunta estafa millonaria desde dentro a los socios, especialmente a los autores musicales.

La nueva regulación del sector flexibiliza la posibilidad de acordar la intervención temporal por parte de las autoridades de una de estas entidades. Ya no será necesario, como hasta ahora, tener que realizar un procedimiento sancionador muy grave como paso previo a la intervención. Podrá hacerse desde el momento en que se haya realizado un apercibimiento previo a la retirada de la autorización administrativa necesaria para poder operar como entidad de gestión de derechos.

Las entidades, desde ahora, deberán comunicar al Ministerio de Cultura en el plazo máximo de un mes cualquier cambio que hagan en sus estatutos, «para evitar demoras».

El real decreto-ley fija el plazo máximo para que todas las entidades de este sector, sobre un decena en España, deban remitir al ministerio para su aprobación la modificación de los estatutos que realicen las asambleas generales para adaptarse a lo dispuesto en la norma. De forma general, tienen un año para hacerlo. Sin embargo, las entidades del tamaño de facturación de la SGAE tienen que adaptarse en un máximo de tres meses.

La otra pata del decreto es la ruptura de un mercado casi monopolítico, copado por entidades sin ánimo de lucro gestionadas por los propios creadores. La norma abre el mercado español a la competencia y autoriza a gestionar los derechos a empresas privadas de cualquier país. Hasta ahora solo podían operar entidades establecidas en España. Regula la figura del operador de gestión independiente, pero le somete a la supervisión de las administraciones. No obstante, mantiene la exclusiva para entidades establecidas en España en el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria, como la música de bares o discotecas.

La norma autoriza también licencias multiterritoriales para obras musicales, lo que permitirá a los proveedores de música en línea adquirir repertorios con licencia para varios o todos los estados de la UE.