Radiografía de la sanidad riojana en el siglo XVIII

El 80 por ciento del territorio que ocupaba la actual comunidad autónoma de La Rioja en el siglo XVIII disponía de atención sanitaria con médico y boticario o cirujano, según los datos extraídos del Catastro del marqués de la Ensenada por estudiantes del Grado en Geografía e Historia de la Universidad de La Rioja, bajo la dirección del catedrático José Luis Gómez Urdáñez. El análisis detecta una «institucionalización municipal de la sanidad perfectamente organizada» desde tiempo atrás, gracias al Camino de Santiago.

Según el Catastro de Ensenada de 1749, en la actual La Rioja la tercera parte de los municipios (54) disponía de galeno. En total estaban registrados 65 médicos, pues en algunas localidades había más de uno: en Logroño 4, en Alfaro y Calahorra 3 y en Nájera, Soto y Torrecilla en Cameros 2.

El número de boticarios ascendía a 75, que atendían a 61 municipios, tres de ellos en Logroño, Alfaro, Santo Domingo de la Calzada y Soto de Cameros; y 2 boticas en Arnedo, Calahorra, Haro, el Valle de Ocón –que era atendido por médico y boticario de Corera y Pipaona–, Torrecilla en Cameros y Viguera.

La cifra más alta de personal sanitario corresponde a los cirujanos, así como a barberos y sangradores, que ejercían como residentes en 126 localidades, si bien había más en Logroño (12), Calahorra (6), Santo Domingo (5) y Alfaro (4). Muchos pueblos pequeños cubrían la ausencia de médico o boticario con el cirujano, barbero o sangrador, lo que suma un total de 200 sanitarios.

Pese a que el Catastro de Ensenada no suele mencionar a las parteras, se han encontrado tres, una en Logroño (cuyo sueldo cobra el marido), otra en San Asensio y el 'ama de faldas' de Haro. Además, hay viudas que, por un lado, regentan boticas en varios pueblos y otras, más empobrecidas, que vivían en hospitales o cuidaban a transeúntes.

En resumen, con los tres tipos de facultativos –médicos, boticarios y cirujanos– quedaba cubierto más del 80% de los municipios que ahora son riojanos, lo que revela un territorio privilegiado cuyos profesionales, además, percibían salarios muy por encima de la media de la población.

Por ejemplo, un boticario en Logroño ganaba 11.000 reales al año y un médico, 10.000. En los pueblos grandes, el sueldo estaba entre 8.000 y 7.000.

En comparación, un jornalero cobraba entre 400 y 600 reales al año y los maestros de escuela, entre 1.000 y 1.500. Los cirujanos estaban menos cotizados que los médicos y recibían entre 1.000 y 2.000 reales al año.

«Hace dos cursos analizamos cómo estaban los maestros y la educación en el Catastro –señala Gómez Urdáñez–. Y en esta ocasión, que hemos analizado el sector sanitario, ha sido una verdadera sorpresa comprobar el interés que tenían los pueblos por tener todos los servicios».

Abunda el catedrático en Historia Moderna de la UR en que «la regularidad con que contestan los pueblos a la pregunta 32 del interrogatorio del Catastro nos lleva a pensar que la 'institucionalización municipal de la sanidad' en La Rioja venía de muy atrás y estaba perfectamente organizada. Cuando un facultativo se iba a jubilar, el ayuntamiento se movía con premura y ponía anuncios incluso en pueblos lejanos».

Sobre el trabajo de campo, Gómez Urdáñez detalla que «primero hemos buscado, uno a uno, lo que los pueblos gastaban en mantener los contratos de los facultativos. Una vez conocido su nombre, hemos buscado sus memoriales, algunos realmente emocionantes, como el de un joven médico de Haro que no olvidó mandar dinero a sus padres, ya ancianos, recordando lo que ellos habían gastado en pagarle la carrera».

Sobre el trabajo de los estudiantes de 4º de Geografía e Historia en la UR, advierte Gómez Urdáñez que «hemos buscado todo lo que podíamos saber sobre estos profesionales, sus familias, sus criadas, sus mancebos, a veces sus huertos y, en alguna ocasión, sus bodegas».

En Arnedo, en concreto, a Pedro Cortijo el Ayuntamiento le pagaba una parte de su salario en vino, «pero una parte asombrosa, pues se trataba de 2.000 cántaras de mosto, es decir 32.000 litros», que almacenaba en su bodega; mientras que José Gómez, médico de Ezcaray, afirmaba tener 16 ovejas en Extremadura y un «prado segadero» como patrimonio.

Las diferencias salariales entre los propios médicos se debía a la dispersión de la población en pequeños pueblos distantes a menos de una legua, como aún ocurre en la región. De hecho, los médicos que tenían que atender a los pueblos del partido ganaban más, pues cobraban de todos los pueblitos y aldeas cercanos; y para trasladarse disponían de caballo o mula, que declaraban «para el uso de mi ministerio».

En Canales de la Sierra, con algo menos del millar de habitantes, el médico ganaba 4.135 reales. El estatus de médico era, junto al de escribano, el más prestigioso. En todo caso, más de la mitad de los médicos no tienen más que su salario para mantenerse, ni siquiera la casa que habitan es propia; aunque alquilan buenas propiedades, muchas de ellas con huerto incluido. El Catastro encargado en 1749 por Zenón de Somodevilla es la más exhaustiva encuesta disponible sobre la Corona de Castilla a mediados del siglo XVIII, un fondo documental enciclopédico que radiografía la época.

«El objetivo del ilustrado Ensenada, quien sirvió a las órdenes de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, no era sino conocer la riqueza de cada pueblo, su origen, agricultura, comercio e industria, pero también los gastos fijos que tenían los pueblos, con sus médicos, maestros, curas, pregoneros, escribanos, sacristanes, etc.», argumenta el catedrático.

Contiene el Catastro un cuestionario con 40 preguntas que todos los pueblos de España contestaron exhaustivamente, mientras también se anotaba la riqueza de cada vecino, según lo que constaba en su memorial –lo que venía a ser su declaración de la renta–, y que los peritos del Catastro contrastaban in situ, pues se desplazaron a cada pueblo.

En definitiva, el político riojano quiso establecer un impuesto ('Única Contribución') a modo de 'cupo'. Es decir, que cada pueblo o ciudad tuviera un total de renta, descontados gastos que habría que dividir proporcionalmente por el número de habitantes; y que estos pagarían en función de la renta que hubieran declarado, según escalas establecidas.