El 40% de los piratas digitales de libros y periódicos ignoran que acceden a contenidos ilícitos

Cerca del 70% de las personas que consumen publicaciones editoriales como libros, revistas y periódicos en formato digital accede a estos contenidos por canales ilícitos, lo que da una idea de lo normalizado y extendido de la piratería en el sector. Sin embargo un 40% desconoce que esos contenidos son piratas, mientras que el otro 60% es perfectamente consciente de sus acciones, pero las justifica o minimiza con argumentos como que es una práctica común y que la tecnología se lo pone fácil, que los precios son muy caros «de lo contrario, pagaría por ellos», que las consecuencias de sus acciones «son mínimas» o que así «se democratiza la cultura escrita».

Para combatir estos sesgos, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) ha encargado una radiografía de la piratería editorial como parte del segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, que ha presentado este martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El acto ha contado con la presencia de editores, escritores, periodistas y traductores y ha sido clausurado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien inició su intervención entonando un 'mea culpa' al confesar que él también había sido un pirata. «Tenemos un problema, la piratería existe pero existiría en grado mayor sin Cedro», dijo el número dos de Educación, que se comprometió a «tomar buena nota» del estudio y a «seguir actuando» para fomentar un cambio cultural que «debe liderar la Administración, pero que compete a todos».

El Observatorio recoge los resultados de 2.600 encuestas y propone una doble estrategia para combatir la piratería, tanto la consciente como la no consciente, emplazando a las administraciones a lanzar campañas para informar al pirata 'inconsciente' de que está desarrollando una actividad ilícita y «ayudar al consciente» a cambiar su forma de pensar.

«En este último caso, es preciso desarrollar una estrategia que tenga en cuenta las justificaciones que proporcionan estos usuarios, así como los sesgos cognitivos que hay tras ellas», recoge el análisis, que señala que la identificación de estas justificaciones ayudaría a desarrollar estrategias más complejas «para cambiar los hábitos de los que piratean de forma consciente».

Una parte de esa estrategia residiría en «llamar las cosas por su nombre», como señaló el propio secretario de Estado, o llamar al pirata directamente «ladrón» o «tramposo», como más explícitamente apuntó la escritora Rosa Montero, que intervino para leer una carta dirigida a quien se apropia ilícitamente de contenidos digitales con pleno conocimiento de lo que hace, «pero que te las apañas para no sentir ni un remusguillo de culpa en tu conciencia de chicle masticado. Lo digo por elástica y viscosa», precisó la autora.

En la misiva, muy aplaudida por todos los presentes, la escritora recuerda al pirata que al descargar los contenidos priva al autor de su salario y que esa práctica es un robo, «igual que si los creadores de contenidos pudieran jaquear tus cuentas de banco». «Ahora que lo pienso», concluye, «tal vez el problema sea semántico y tendríamos que dejar de llamarte pirata, que es una palabra cargada de romanticismo, épica juvenil, rebeldía y jarana, y deberíamos llamarte lo que de verdad eres: un ladrón, un estafador y un abusón». Y se despide con un «hasta nunca tramposo».

En el acto también intervinieron la presidenta de Cedro, la académica de la RAE Carmen Riera; la directora general de Penguin Random House, Nuria Cabutí; la directora de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco; la escritora Ledicia Costas; el escritor y traductor Carlos Fortea; y la traductora Dolors Urdina, quien subrayó «lo mucho» que desanima «esforzarse en luchar por el justo reconocimiento de un trabajo minucioso y dedicado, y ver después que son muchos los que consideran que la cultura es gratis y que pueden aprovecharse del trabajo de los demás sin consecuencias».

Ledicia Costas abundó en la idea de «educar y formar» en propiedad intelectual en la escuela, «que es donde empieza el cambio social». «El día que un alumno levante la mano en el aula para decir: 'profe, ese contenido no es lícito y no podemos trabajar con él', habremos dado un paso de gigante», dijo la escritora gallega, que pidió programas educativos «específicos», que promuevan el respeto por la cultura escrita.

Por su parte, la directora general de la AMI emplazó a la Administración a suscribir con Cedro las licencias necesarias para distribuir los resúmenes de prensa diarios y cumplir así «con su obligación legal» y facilitar la sostenibilidad de la información de calidad «y el talento creativo de los periodistas». Lanzaco recordó que, de todos los ministerios, solo el de Cultura compensa por este uso masivo, un gesto que quiso agradecer en público.

El segundo Observatorio de la Sostenibilidad del Cultura Escrita, elaborado por Qbo Investigación y Estrategia, también pone de manifiesto el respaldo de la sociedad al trabajo de autores y editores del sector de los libros y la prensa. En concreto, el 92% de los encuestados considera que los escritores, traductores, periodistas y editores son una garantía de calidad y credibilidad en los libros, periódicos, revistas y partituras que consumen. De hecho, en el ámbito educativo, la mayoría considera que los autores y los editores profesionales son los que deberían elaborar los contenidos por una cuestión de confianza.

Asimismo, el 94% reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una garantía de futuro «que impulsa el crecimiento educativo». Y un 88% cree que el sector público debe adoptar medidas para proteger la propiedad intelectual del sector editorial. «Al liderar este proceso, la Administración asegura un futuro donde la creatividad y el conocimiento sean recompensados de manera justa y equitativa».

Durante el acto, Nuria Cabutí, presentó las medidas que los ciudadanos solicitan a la Administración para proteger el trabajo de autores y editores. Entre ellas destacan: impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a escritores y periodistas locales y la protección de los derechos de autor; fomentar la cultura a través de bibliotecas físicas y digitales, y las ferias del libro; promover el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la difusión de información de calidad, y reivindicar la historia y la identidad cultural.

Por su parte, Carme Riera, presidenta de Cedro, subrayó que «para la salud de nuestra sociedad, es fundamental que reconozcamos y defendamos la cultura escrita como un invaluable tesoro que enriquece nuestra identidad y fomenta el pensamiento crítico. Con este informe y las soluciones que proponemos, avanzamos en esa dirección», concluyó.