«La falta de confianza en la Justicia va contra los intereses de la sociedad»

- En el libro se pregunta si nos gusta realmente la democracia. ¿Nos gusta?

- Teóricamente, sí, pero no sabemos llevarla a la práctica. La democracia es algo que se conquista cada día y no conviene olvidar cuál es su esencia.

- Habla de crisis de la autoridad. ¿El sueño del anarquismo se está cumpliendo?

- No. Creemos que huimos de imposiciones, nos creemos modernos, y en el fondo nos sometemos a una autoridad peor. Hace falta ordenar la convivencia pero lo que hacemos es sustituir la autoridad legítima (que lo es aunque nos decepcione) por una de peor calidad y sin controles.

- La autoridad moral ha pasado de quien tenía 'auctoritas' a quien tiene 'celebritas'. Ser sabio es un desvalor, escribe.

- Las redes sociales han democratizado la opinión y han multiplicado la velocidad a la que esas opiniones se transmiten. Antes el pensamiento se difundía a través de columnas de los diarios y ciertos programas de debate de TV a cargo de unas pocas personas influyentes. Ahora no es así y gentes que alardean incluso de su ignorancia se han hecho populares porque para muchos es más fácil identificarse con ellas que con quienes tienen muchos conocimientos. Hay muchas figuras populares que opinan sobre cosas de las que no tienen la menor idea y distorsionan la realidad.

- No parece nuevo. En 1934, Santos Discépolo escribió en 'Cambalache': «Hoy es lo mismo un burro que un gran profesor».

- No, claro; no es nuevo. Lo novedoso ahora es la tecnología y que resulta más difícil poner coto a todo ello porque la desinformación viaja libre.

- Los argumentos para contestar a los sabios son simples: son una cuadrilla de fachas, o machistas, o no han sido elegidos por la población.

- Para que haya un debate necesitas a alguien que quiera dialogar. Tendemos hacia lo simple. Hemos perdido los grises. Y por eso en cuanto matizas una afirmación se interpreta que estás en el otro lado. No se admite la diversidad.

- En su libro denuncia que ya apenas se piden informes a los órganos consultivos antes de tramitar una ley, e incluso se limita o se niega el debate parlamentario. Y de ahí se derivan luego tantos problemas.

- Ahora todo se mide en términos de utilidad. Eso se ha llevado a la política: queremos leyes rápidas. Y se generan muchas: la producción legislativa es enorme. Otra cosa es que luego además haya que modificarlas con gran frecuencia. En ese contexto, el Gobierno no quiere que le rebatan. Por eso, elude llevar los textos a los órganos consultivos que tienen como función mejorar y asesorar. Y aplica procedimientos de urgencia para que en el Parlamento ni se dialogue ni se enriquezcan los textos. Todo está hecho en términos cortoplacistas. Deberíamos tener un sistema de control de las decisiones políticas, algo así como una auditoría. Y no olvidemos que muchas leyes tampoco tienen una memoria económica, de forma que se amplían derechos pero no se garantizan los medios para hacerlos efectivos.

- Usted es muy crítica con el nepotismo, del que llega a decir que se ha convertido en una forma de gobierno. Lo curioso es que no pocos casos están protagonizados por quienes iban a renovar la política.

- En España hay una especial tolerancia hacia el nepotismo: esa costumbre de colocar en la empresa a un familiar o recurrir a un amigo para que nos sitúe en tal lugar. No estaría mal si la persona favorecida fuese la correcta, pero sucede que muchas veces no es así. En las grandes corporaciones de EE UU no puede haber parejas en el mismo departamento. Es curioso que quienes critican a los jueces que vienen de familia de jueces no vean que en sus organizaciones se hace justo eso.

- Acaba de poner el dedo en la llaga: son ustedes una casta, franquistas, tienen apellidos que se repiten en la judicatura y todos de buena familia porque solo así se puede soportar el tiempo de preparación de una oposición. Y eso, concluyen, sesga sus decisiones.

- Se parte de un dato falso: solo el 6% de los jueces tiene algún familiar (no hablo solo de padre o madre) que también lo es. Estamos ante un intento deliberado de buscar el descrédito del único poder del Estado no controlable. Es cierto que cualquier persona con una profesión que requiere de una alta cualificación ha debido dedicar años y recursos a prepararse. Pero mire lo que sucede con esto: en las zonas más ricas de España, como el País Vasco y Cataluña, es donde hay menos opositores a judicatura, porque hay otras maneras de conseguir un trabajo mejor remunerado. No conozco a nadie cuya familia sea titular de una empresa solvente que decida ser juez, estudiar para opositar y luego tener que pasar unos años haciendo guardias en un pueblo de Soria. En cualquier caso, el problema del que se habla debería resolverlo el Gobierno, facilitando recursos a jóvenes de clase trabajadora para que pudieran preparar las oposiciones.

- Nos movemos por emociones. Y las emociones, advierte, no reparan en la presunción de inocencia ni en la seguridad jurídica. Y a los linchamientos se apuntan también los políticos.

- Me preocupa que la gente no sea consciente de lo que significa la presunción de inocencia. Nuestro sistema jurídico se basa en que es mejor que un culpable esté en la calle a que un inocente esté en la cárcel. Eso no sucedía hasta finales de los años setenta. No se entiende que el Código Penal está para casos graves, no para cualquier cosa. Mucha gente busca la justicia del sheriff, sin entender que la sociedad ha decidido que un grupo de personas independientes juzguen a partir del análisis de pruebas y garantías. Frente a eso se quieren decisiones inmediatas, y los políticos usan ese malestar para captar la atención. Lo hacen mucho los grupos populistas, pero cada vez más se suman todos. Contribuyen así a una degradación del sistema.

- Y eso es grave.

- Lo es porque no lo están haciendo solo los antisistema. Con eso ya se cuenta. Si la gente no confía en las instituciones no confía en nadie y el siguiente paso es que se arroja en brazos de quien les dice lo que quieren oír. Valen los ejemplos de Trump y entre nosotros de Vox.

- ¿Que papel tiene en todo ello la familia?

- La base de la falta de respeto está en la familia. Hay una hipertrofia de los derechos de los menores. Cualquier persona, da igual cómo sea, tiene todos los derechos, pero a veces su ejercicio requiere de una representación. Un niño no sabe lo que le va bien. Y en cambio se está dando a los menores la responsabilidad de un derecho que no saben ejercer. Un ejemplo, el derecho a la intimidad.

- Solo aceptamos las decisiones judiciales cuando coinciden con lo que pensamos. Si no es así, la estrategia es criticar a la justicia. ¿Le afectan las críticas?

- Me afectan como ciudadana, no como jueza. Creo que hay un partido que tiene una estrategia a largo plazo de atacar a un poder del Estado independiente y profesional. Esto va calando y es grave. Por ejemplo, se está trasladando a las mujeres que no confíen en la Justicia. De esa forma, serán víctimas para siempre. La falta de confianza en la Justicia va contra los intereses de la sociedad porque es la única vía de hacer valer sus derechos.

- ¿Se sienten ustedes maltratados cuando un juez procesa a un político y días después se publica en algún medio afín un reportaje en el que se ataca a ese juez?

- Nos sentimos maltratados. Las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, eso es normalidad democrática. Pero tratar de acobardar a un juez es atentar contra su independencia.

- Su diagnóstico es que vamos a un escenario peligrosísimo, un descrédito de la democracia que ha alcanzado cotas inéditas. ¿No hemos tocado fondo?

- Va a ir a peor en tanto no haya un Consejo General del Poder Judicial fuerte. Me queda la esperanza de que la gente entienda que hay que informarse y escuchar a quienes quizá a priori no queremos oír. Todas las historias tienen dos o más versiones, eso lo sabe bien un juez. Y muchas veces la opinión pública se deja llevar por gente que solo busca su propio interés.

- La alternativa a un poder judicial democrático es uno subordinado al Gobierno, dice. No hace falta fabular: el proyecto de constitución para Cataluña preveía un poder judicial nombrado por el Gobierno.

- Es una reivindicación del independentismo. Dicen 'nuestros jueces' y tras esa expresión lo que quieren es quitarse de en medio a gente formada e imparcial. Quieren que quienes han hecho las leyes también impartan justicia. Si buscas un juez afín, lo que quieres es que no te controle. Luego lo vistes de otra manera: que sepa una lengua, que domine una cultura… Quieren jueces que no los controlen, insisto. Es lo que pasa con las acusaciones de 'lawfare', que en muchos casos son a propósito de asuntos que ni siquiera tienen que ver con la política.

- Una referencia al 'lawfare' figura en el pacto electoral entre PSOE y Junts. ¿Qué opina?

- Cualquier referencia a 'lawfare' en un documento firmado por un partido con responsabilidad de Gobierno es inaceptable, más en una democracia que se considera plena según los estándares europeos. Asumir que existe es reconocer que los jueces se mueven por criterios diferentes a los del Derecho, lo cual es falso. Que los partidos usen los juzgados para presionar a sus oponentes escapa al poder judicial. No hay límites para eso, pero deberían no hacerlo porque además consumen recursos públicos. Sin embargo, hay partidos populistas que han conseguido que todo esto cale en la sociedad. Se creen intocables, una casta superior a la que ningún juez puede tocar incluso cuando hablamos de delitos comunes. El tema del 'procès' igual podría haberse llevado de otra forma políticamente, pero una vez que llega a los tribunales acusar a estos de 'lawfare' es inaceptable.

- ¿Hay forma de revertir eso?

- Quiero creer que estamos bajando la inflación populista y me felicito por ello porque no buscan el bien común. Los partidos que aceptan el sometimiento al Estado de Derecho al menos están en las reglas del juego.

- En eso parecen jugar a lo mismo y con argumentos muy parecidos los líderes de populismos de izquierdas y de derechas.

- Se arrogan la representación de una mayoría que no tienen. Los extremos se consideran líderes contra una casta, se nutren del descontento. Personas que han votado a partidos tradicionales que les han defraudado se arrojan en brazos de quienes les dicen lo que quieren oír. Son partidos que no aceptan la democracia interna y donde se mezcla lo personal y lo político.

- Dedica un capítulo de su libro a la llamada 'cultura de la cancelación'. Muchos líderes dicen que en España eso no existe.

- Que no sea como en EE UU no significa que no exista. Movimientos como el MeToo son necesarios. Pero que se use para señalar a personas de manera que las masas actúen contra ellas en ausencia de denuncia es una huida de la democracia. Se suprime la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y un juicio justo… La cancelación no te priva de la libertad pero sí de muchos derechos.

- Usted dice que es más cruel que una condena penal.

- La cancelación busca la anulación civil. Antes existía la 'muerte civil': quien la sufría y su familia perdían la condición de personas y debían irse a vivir a otro lugar, partiendo de cero.

- ¿Qué opina de que muchas veces los promotores de la cancelación de alguien sean políticos?

- Es un problema gravísimo cuando miembros del poder ejecutivo y legislativo lo alimentan. Los daños son irreparables.

- ¿Como magistrada qué siente cuando alguien cuenta en las redes sociales algo (un abuso sexual, corrupción…) pero no presenta una denuncia?

- Decía Rusiñol que cuando alguien pide justicia pide que le den la razón. Las garantías judiciales son molestas, así que algunos buscan la justicia a través del linchamiento público, pero eso erosiona la democracia. No olvidemos tampoco que incluso las víctimas de eso que se denuncia terminan por ser atacadas al ser utilizadas para ciertas luchas políticas. Sin un proceso, no hay justicia restaurativa.