La cultura se enfrenta a la mordaza

El de 'Orlando' es uno de los diez casos documentados por este periódico de cancelación de obras ya comprometidas en espacios públicos, con una concentración de siete vetos este verano y la reciente eliminación de ayudas y permisos al Festival Periferias, que concentraba una treintena de actos en Huesca, lo que le condena a la desaparición. Se trata, en su mayoría, de obras teatrales y musicales financiadas por ayuntamientos en territorios gobernados por las nuevas alianzas de las derechas, aunque otros partidos de distinto signo también han ejercido la mordaza en tiempos recientes. A esta tendencia se suma el intento de censura sucedido hace unas semanas contra la obra 'Altsasu' en el teatro madrileño de La Abadía.

En un país con más de 4.500 compañías teatrales, según el último anuario ministerial de estadísticas culturales, el veto directo a un puñado de producciones podría parecer irrisorio, pero el ruido permea las tablas y alerta a los profesionales de la cultura y su público. «La censura está llegando a unas cotas como hacía mucho tiempo no se veían y es institucional, porque viene de la injerencia política directa, cancelando programaciones», asegura María Morales, portavoz de la Organización por la Libertad Artística (OLA), creada este año a partir de un grupo de Whatsapp al que se sumó un millar de personas. «Aunque parta de un sector de derecha, a nivel institucional la acción política que se puede hacer desde otros colores no ha respondido lo suficiente. La situación es grave y nuestro trabajo está amenazado, así como la libertad de creación y de expresión».

El primer caso de esta oleada de censura sucedió en mayo de 2022, y parece seguir un guion que se repetiría después. Dos días antes de la presentación de la programación de los Teatros del Canal, Paco Bezerra, autor de la obra 'Muero porque no muero' sobre la vida de Teresa de Jesús, recibió la llamada de la directora artística del emblemático escenario, Blanca Li, que había promovido el texto dramático. «La primera vez me dice que hay un recorte presupuestario de última hora y que me reubicaría en la siguiente temporada», rememora Bezerra. «Un par de meses después, la llamo yo y ella me dice que no la puede reubicar porque sus jefes no quieren. '¿Qué jefes?,' le pregunté. 'Los políticos, habla con ellos y que te lo expliquen', me dijo ella. Me confesó que no sabía las razones. Le dije que tenía que dimitir y nunca volvió a llamarme».

Luego vinieron las retiradas de la película 'Lightyear' de Disney, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, donde dos mujeres se besaban; y las obras teatrales 'Núa' de Anna Perelló, que hablaba de los trastornos alimenticios, vetada por el Ayuntamiento de Palma; en Briviesca se quitó 'El mar, visión de unos niños que nunca lo han visto', sobre un maestro republicano fusilado, de Xavier Bobés y Alberto Conejero; y la ya mencionada 'Orlando'. En tres de los cuatro casos se acababa de constituir una coalición entre PP y Vox. «La excusa presupuestaria no se sostiene porque nuestro caché era de 1.000 euros y el ayuntamiento podría sacar unos 1.500 con la venta de entradas a seis euros, que es el precio habitual», acusa Huetos. «El ala más radical de Vox trata de eliminar de la agenda la temática transexual, pero creo que no se habían leído la adaptación ni visto el vídeo de representaciones anteriores. La obra habla de alguien que necesita transformarse para hacer todas las cosas a lo largo de la vida. La vetaron simplemente porque Woolf era una escritora feminista».

Ese mismo julio, el acoso a algunas obras continuó como si fuera una operación planificada. En Getafe y Jaén se pidió eliminar 'La villana de Getafe' de Lope de Vega, por «insinuaciones sexuales», según Vox, al tener figuras fálicas y vaginales en el atrezzo; y 'Romeo y Julieta despiertan', protagonizada por Ana Belén, sobre el amor entre personas mayores, aunque luego de la cancelación el PP y Jaén Merece Más reprogramaron una de las dos funciones.

¿Existe realmente un renacer de la vieja censura? Los gestores de los grandes centros culturales «reciben presiones», reconoce una fuente que pide el anonimato y trabaja en primera línea. «Poner orden», lo llaman. «Son presiones informales». El inicio de los vetos sucede en las comisiones de Cultura, donde los diputados de Vox se quejan del contenido de algunas producciones, explica la fuente, y de allí se trasladan por teléfono o en el pasillo, nunca de manera oficial, a los gestores culturales de alto nivel, nombrados por los mismos partidos políticos, explican dos fuentes distintas. Dentro del circuito «se interpreta que las cancelaciones que suceden a partir de este verano se hacen por intercambio de apoyos y se atribuyen a que Vox condiciona su apoyo presupuestario o de votos a esos vetos, siguiendo la estela de Castilla y León».

La mordaza siguió el mes siguiente -julio de este año- con la anulación de las obras 'La infamia' de Lydia Cacho en Toledo y 'El señor puta o la degradación del ser' de Pedro López Bellot en Talayuela. Ambas trataban la violencia de género y dependían nuevamente de ayuntamientos gobernados por PP y Vox.

Entre una y otra, tres gobiernos locales (Bormujos, Villacarrillo y Logrosán, con mayoría de PP, Vox y Ciudadanos) cancelaron los shows de José Manuel Soto, un cantante que había insultado a Pedro Sánchez y sus votantes. Y el último intento de eliminar una obra de cartelera, infructuoso, fue el veto que intentó Vox contra la obra de María Goiricelaya y su drama sobre la agresión a dos guardias civiles en Navarra.

¿Hay un retorno de la censura ideológica o política? «El poder no es tan monolítico como antes y las cosas han cambiado. El poder se reparte bastante, con gobiernos central, autonómico, municipal. Me imagino casos para todos los gustos y parcelas de la realidad cultural española», responde Luis Alberto de Cuenca, escritor y exsecretario de Estado, que vivió la cancelación de su traducción y adaptación de 'Macbeth' en el Teatro Español, cuando nada más llegar al poder Ahora Madrid destituyó a su director y eliminó una treintena de obras programadas para los siguientes dos años.

Distintas personas identificadas con la izquierda confirman que aquello «no debió ser» o que «fue una decisión fuera de lugar por motivos ideológicos». «La censura se puede ejercer cuando se tiene poder para ejercerla. En la época de Carmena era sectarismo y se ejerció con esa expulsión (de Juan Carlos Pérez de la Fuente). Fue algo muy gordo que no trascendió lo suficiente», mantiene De Cuenca. «Hay que insistir en que la corrección política está ejerciendo una severísima censura. El mundo 'woke' me preocupa».

La censura directa parece un alarde de impacientes recién llegados al poder, que en el fondo resulta innecesaria. Las fuentes consultadas coinciden en que el sector cultural está sujeto a la decisión de los gobernantes, a través de las subvenciones y la cesión de espacios. «Se hace a través de lo económico y la injerencia política», denuncia Morales, cuya organización cuenta 31 vetos a obras, artistas o directores desde 2015. «La precariedad hace que sea más fácil. Los gestores culturales deberían tener suficiente independencia».

Lo confirma Bezerra que, desde que vetaron su obra sobre Santa Teresa, no ha podido volver a estrenar: «El ascenso tendría que ser de concurso público. No a dedo. Pero ponen a gente en la que confían, lo que es un problema tanto de derecha como de izquierda. Bien hecho, nadie se entera. Pero ahora se busca el resurgir de los relatos de la extrema derecha». Con los cierres continuados de obras y festivales, la mordaza aprieta a la cultura.