La interinidad del Gobierno deja en el aire las reválidas

madrid. No está claro si los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato tendrán que hacer una reválida el próximo junio. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) así lo dice, y también un real decreto aprobado a finales de julio. Pero un embrollo administrativo, que se suma a una dura oposición política, ha arrojado nuevas dudas sobre su puesta en marcha definitiva. Por un lado, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha empezado una nueva ronda de contactos en búsqueda de un pacto nacional educativo en la que la mayoría de sus interlocutores le pedirán que las paralice; por el otro, para confirmarlas definitivamente el Gobierno tiene que aprobar una orden ministerial que está bloqueada por su situación de interinidad.

Ayer, Méndez de Vigo se reunió con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) en el primer encuentro de una nueva ronda de contactos en busca de un pacto de Estado por la educación. Tras una breve conversación al mediodía que José Luis Pazos, presidente de esta organización, describió como «un mero intercambio de impresiones», Ceapa anunció su intención de recurrir el real decreto que regula las reválidas. Si lo formalizan, se sumarían al PSOE, a Ciudadanos y a la Federación de Educación de Comisiones Obreras (FE-CC OO) en abrir un frente legal contra estas pruebas.

Francisco García, secretario general de FE-CC OO, expresó ayer su sorpresa por los planes de Méndez de Vigo, anunciados el domingo, de buscar un pacto de Estado de Educación. «Es un ministro en funciones que quiere pactar sobre una Lomce ya implementada», destacó. «No tiene ni la legitimidad ni la credibilidad». También explicó que acudirán a la cita si los convocan aunque con dos exigencias de partida: «La retirada inmediata del decreto de reválidas y la reversión de los recortes que ha sufrido el sistema educativo en, como máximo, una legislatura».

Desde el Ministerio de Educación, por su parte, afirmaron que esta nueva ronda de contactos con los distintos agentes de la comunidad educativa no es más que la continuación de una estrategia que impuso Méndez de Vigo desde el día que accedió al cargo (en julio de 2015). Incluso con el Ejecutivo en funciones, indicaron, se puede lograr un pacto de Estado de Educación. De momento, explicaron, en lo que respecta al ministro esta búsqueda se limitará a contactos de uno en uno con asociaciones de familias de alumnos, sindicatos, la Conferencia de Rectores (CRUE) y otras entidades tanto institucionales como políticas sin determinar.

El punto de partida es complejo, y la distancia entre posturas es máxima. Y, aún así, puede que no sea esta oposición mayoritaria a las reválidas la que ponga su puesta en marcha en vilo. Un entuerto institucional podría paralizarlas si no se resuelve antes de que concluya noviembre. Para que las pruebas finales de 4º de ESO y 2º de Bachillerato puedan realizarse hace falta que Educación emita una orden ministerial que defina su letra pequeña. Y que el Consejo Escolar del Estado la revise y le dé el visto bueno. Pero esta institución no puede hacerlo porque ha perdido a todos sus cargos clave durante el verano, y un Gobierno en funciones no puede renovarlo.

El Consejo Escolar del Estado está ahora sin presidente, vicepresidente ni secretario y no puede convocar la reunión en la que decidir si avala la orden ministerial que fije los pequeños detalles de las reválidas. Hay un borrador ya autorizado, aunque no refleja los últimos acuerdos a los que ha llegado Méndez de Vigo con distintos actores de la comunidad educativa. Desde el Ministerio han encargado un informe a la Abogacía del Estado con el que esperan resolver la situación en los próximos días.