La Audiencia afirma que 'Ramoncín' creó un «negocio civil criminalizado» en la SGAE

El tribunal de la Sección Tercera ha afirmado en su resolución que el auto de 14 de mayo pasado del juez contiene auténticos indicios de criminalidad, tal y como ha corroborado también la Fiscalía. Ha señalado que Ramoncín, aprovechando la situación (consejero) que ostentaba en la SGAE y su filial SDAE, en connivencia con otro de los imputados, José Luis Rodríguez Neri, procedieron a la ideación y elaboración de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que se iban a llevar a cabo a través de varios proyectos.

La sala menciona que la mercantil Júpiter Music S.L., de la que Ramoncín era administrador único, llevó a cabo relaciones comerciales con las dos entidades para su beneficio propio, tal y como queda documentado en información aportada por la propia SGAE y de las declaraciones de los ahora imputados. Estaríamos en presencia de un negocio civil criminalizado, menciona el tribunal.

"Legal y justificado"

El cantante argumentó que las entidades estaban autorizadas para externalizar determinados servicios y que las relaciones comerciales con la SGAE y SDAE, que éste reconoce, fueron legales y sus ingresos económicos están sobradamente justificados. Por este motivo reclamó el sobreseimiento de las actuaciones.

Algunas de las facturas presuntamente delictivas fueron firmadas entre 2008 y 2011 y los indicios se plasmaron en sendos informes policiales de octubre de 2012 y julio de 2013. En estos escritos y luego en el auto de mayo pasado se concluye que durante años (Ramoncín) presuntamente habría estado emitiendo y cargando a la SGAE facturas por supuestos servicios realizados por la misma, que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna o son simuladas, todo ello con la connivencia de José Luis Rodríguez Neri, director de la SDAE y mano derecha de Teddy Bautista. En total están bajo la lupa de la investigación 57.402 euros.

Los otros dos imputados en esta pieza separada del caso SGAE son Enrique Loras, exdirector general de la SGAE, y Pedro Antonio Hernández, exdirector de los servicios jurídicos de la entidad de derechos de autor. Están acusados de delitos de apropiación indebida, falsedad documental y/o administración fraudulenta.