El ex número dos de la SGAE defiende que no cometió ninguna ilegalidad

El juez Ruz ha interrogado este miércoles al que fuera número dos de la SGAE como imputado por un delito de apropiación indebida que habría cometido durante su etapa como directivo de la entidad, en el marco de la investigación sobre las irregularidades que se produjeron bajo la presidencia de 'Teddy' Bautista.

Hernández ha comparecido ante el juez para esclarecer su papel en algunas decisiones que se adoptaron en este organismo y en la SDAE, la filial digital de la sociedad. En concreto, ha negado cualquier intervención en los contratos de la red de teatros Arteria y ha dicho que los negocios ya estaban cerrados.

El imputado, que ha defendido la legalidad y el acceso al censo en las elecciones a la Junta Directiva elegida en 2011, ha señalado también que en una ocasión informó a 'Teddy' Bautista de que un pago relacionado con una actuación en Canarias del compositor Juan Carlos Senante, conocido como Caso Senante, debía pasar por el comité de dirección, pero el entonces presidente manifestó que no hacía falta.

El magistrado unió a la pieza principal, en la que están imputadas una decena de exdirigentes de la entidad, una denuncia que un socio de la SGAE interpuso contra Pablo Hernández en los Juzgados de Plaza de Castilla, que se inhibieron en favor del responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Hernández fue cesado en febrero de 2014 por un conflicto de intereses por actividades relacionadas antes de la constitución de la actual Junta de la SGAE, según informó el presidente de la entidad, José Luis Acosta, a través de un comunicado.

El exdirectivo, que trabajaba en la SGAE desde 1996, había sido relevado en la dirección de los Servicios Jurídicos en diciembre de 2013. Según la SGAE, la actuación de Hernández motivó la convocatoria y posterior decisión de la Junta para "asegurar la honorabilidad, transparencia y buen funcionamiento de la sociedad".

Una decena de exdirigentes imputados

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye la comisión de delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

También fueron imputados Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; los cantante Caco Senante y José Ramón Márquez Martínez, 'Ramoncín'; Enrique Loras, exdirector general de la entidad; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

El juez también dirigió la acción penal contra tres familiares de Ramos -su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez- y otros dos de Rodríguez Neri -su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez-.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.