España sostiene el pulso a Google

El elemento de fricción es aparentemente el punto 32.2 de la LPI, que establece el derecho irrenunciable de los editores a recibir una compensación económica por el uso de sus contenidos que hagan los agregadores de noticias como Google News. Pero la preocupación de los directivos de la empresa de Sillicon Valley va más allá: España sería el primer país europeo que apuebe una regulación que garantice los derechos de los creadores de contenidos en el universo digital.

Hasta ahora, ningún Gobierno había conseguido regular un sector donde Google diseña las normas de funcionamiento y en el que la compañía tecnológica tiene una posición dominante del 90% del mercado. Esta situación anómala ha provocado el inicio de una investigación por parte de la Comisión Europea, todavía pendiente de finalización.

Eric Schmid, presidente ejecutivo de Google , apareció la semana pasada en una reunión de emprendedores en España, donde aprovechó para acusar a los gobiernos europeos de restringir la innovación mediante la regulación. Unas semanas antes, Richard Gringras, director de Google News, y Madhav Chinappa, director de alianzas de Google News, se reunieron con representantes del Gobierno español. Fuentes del Ministerio de Cultura confirmaron a este periódico que Google les trasladó la posibilidad del cierre de su servicio de agregación de noticias, Google News, si la nueva LPI salía adelante. Fuentes de Google , sin embargo, aseguran que «todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto».

El buscador no es ajeno a las prácticas de lobby. De hecho, lleva años liderando la clasificación de compañías tecnológicas estadounidenses que más dinero dedican para presionar a los políticos de Estados Unidos en la salvaguarda de sus intereses. Así, desde 2010 hasta hoy Google ha dedicado 58,2 millones de dólares en tareas de lobby, según el Center for Responsive Politics.

Bruselas es otro de sus campos de actuación como grupo de presión. Inscrito como lobby en el Registro de Transparencia desde 2011, Google tiene acreditados hasta 8 personas que pueden acceder a los edificios del Parlamento Europeo. Uno de ellos es Antoine Aubert, director de políticas públicas de Google en Europa, y que protagoniza un claro ejemplo de puertas giratorias ya que fue anteriormente responsable de políticas públicas de la Dirección General de la Comisión Europea para la Sociedad de la Información. Según el Registro de Transparencia, Google «dedicó a actividades directas de representación de intereses ante las Instituciones Europeas entre 1,2 y 1,5 millones de euros en 2013».

Hasta ahora el conflicto con otros editores europeos se ha subsanado tirando de chequera o incrementando los ingresos de los periódicos vía servicios. Con los medios franceses llegó a un acuerdo, supervisado por el Gobierno frances, por el que destinaba 60 millones de euros a la innovación digital de los diarios. En Bélgica, tras seis años de litigio y tres condenas contra Google , cerraron un acuerdo que incrementaba los ingresos de los periódicos con servicios del buscador.

Google argumenta para rechazar la nueva legislación española que su agregador de noticias favorece el tráfico a los periódicos y les lleva lectores. Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, reivindica el justo pago por el uso de unos contenidos cuyo coste pagan los periódicos. Google ganó 9.542 millones de euros en 2013, mientras que la filial española obtuvo un beneficio de 4 millones de euros ese mismo año.