El Congreso da luz a la Ley de Propiedad Intelectual

En el Congreso de los Diputados, de las 169 enmiendas parciales presentadas al texto del Gobierno, solo se han aprobado las nueve planteadas por los populares, centradas en el aspecto técnico de la norma. Además, los grupos parlamentarios han logrado llegar a acuerdos en nueve enmiendas transaccionales, aunque con cambios mínimos. Por ejemplo, en lo referente a las entidades de gestión de derechos de autor, ya que los partidos quieren que las cantidades recaudadas por estos organismos y no reclamadas se destinen, si las asambleas están de acuerdo, a la realización de actividades de servicios de carácter asistencial y a la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas (promoción o campañas de educación). También se ha dado el visto bueno a una propuesta socialista que ha planteado que la Sección Segunda tenga que pronunciarse en los casos de piratería. No habrá silencio administrativo sino fecha de caducidad. Asimismo, se ha dado el visto bueno a que el cierre de páginas webs en caso de piratería se realice solo cuando sea "la medida más eficaz".

Más protección

La ley incluye una compensación económica para los editores por el uso por parte de los agregadores de noticias de aquellos contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Una protección «necesaria», a juicio de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que ha insistido durante estos meses en que es «fundamental» reconocer este derecho de los periódicos y revistas. No obstante, la Izquierda Plural y UPyD están en contra de esta compensación, mientras socialistas y convergentes han pedido que se amplíe a periodistas y fotógrafos. Esta reparación estará establecida por el Centro Español de Derechos Reprográficos, que deberá fijar, recaudar y repartir entre los editores. Una vez aprobada la LPI en septiembre u octubre, se abrirá un plazo de tres meses para fijar la compensación. Si no se llega a un acuerdo, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) la encargada de fijar la tarifa y abrirá un nuevo plazo de cinco meses para su implantación mediante acuerdo entre las partes.

La ley contempla también un reforzamiento del CPI y una ampliación de las responsabilidades en caso de piratería. De esta manera, se perseguirá a los alojadores de servicios y contenidos ilegales y a aquellos usuarios que redirijan o faciliten los enlaces a estas webs con contenido protegido en su autoría. También recoge que los anunciantes y los intermediarios puedan ser multados, requeridos e incluso se podrá solicitar al juez el bloqueo de la web. Las penas irán desde los 30.000 a los 300.000 euros.

Esta nueva norma, que pretende adecuar la legislación española a dos directivas europeas de 2011 y 2012, también incluye un apartado para el uso de obras protegidas en la enseñanza y la investigación que ha causado bastante controversia entre los partidos de la oposición por entender que es un exceso. La ley que se aprobará hoy pretende que no sea necesaria la aprobación expresa del autor cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación más allá de fragmentos, como capítulos de libros o artículos de revistas. La ley indica que la remuneración al autor se deberá tramitar a través de las entidades de gestión. Por otra parte, se amplía el alcance de la excepción legal relativa a la enseñanza, ya que la comunicación pública de fragmentos de obras será gratuita en manuales o libros de texto siempre que los profesores o ponentes ofrezcan un enlace a una página web donde se pueda descargar de forma legal.