Sobreseída la denuncia contra la anterior Corporación municipal de Villamediana

La jueza del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Logroño ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa contra buena parte de la anterior Corporación municipal de Villamediana de Iregua, incluyendo la actual alcaldesa, Ana Belén Martínez (PSOE), y el exalcalde Rubén Gutiérrez (PP). El exconcejal Juan Pedro Martínez Arnáez y el Ministerio Fiscal denunciaron un presunto delito contra la ordenación del territorio pero tras haberse «practicado las diligencias de investigación» y haberse emitido un informe el pasado 18 de junio, la jueza ha estimado que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito» y decreta «el sobreseimiento provisional de las actuaciones».

La acusación se cernía sobre los miembros de la Corporación Ana Belén Martínez, Enrique San Román (PSOE), Rubén Gutiérrez, Tomás Santolaya, Elena Suárez, Julia Olarte (PP), Eva Muñoz, Jesús Ángel Cámara (IU), Rubén Sáenz (PR+) y Modesto Fernández (Cs), así como la secretaria y la interventora municipal, y para la mayoría se ha decidido archivar las actuaciones. Solo Tomás Santolaya (PP), el único que, según ha podido saber Diario LA RIOJA, se negó a declarar, continuará siendo investigado.

La jueza ha estimado en un auto del pasado 6 de julio que Santolaya pudo incurrir en «un presunto delito de prevaricación administrativa» cuando, ejerciendo de alcalde y «sin seguir ningún tipo de procedimiento de contratación previsto legalmente, realizó la adjudicación directa de un contrato de servicios, encargando la defensa del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua en cuatro procedimientos judiciales al contratista que libremente decidió designar»: Barinaga Abogados.

Juan Pedro Martínez fue expulsado en marzo del 2018 del Grupo Municipal Socialista y del equipo de Gobierno de Villamediana tras demostrarse que había cometido una infracción urbanística grave al excederse en la obra de su bodega. Martínez aguantó el último tramo de la pasada legislatura como edil no adscrito y denunció al resto de la Corporación en octubre del 2019 por un presunto delito que ya ha sido investigado y se ha desestimado para todos excepto para Santolaya. Martínez señaló que en el pleno del 17 de agosto del 2017 se aprobó por unanimidad el pago de 128.167 euros a Barinaga Abogados por medio de un reconocimiento extrajudicial de créditos, previo informe de Intervención.

Cuando el caso salió a la luz, en octubre del año pasado, la actual alcaldesa, Ana Belén Martínez, declaró que «esto es una venganza con la que nos hace perder un tiempo precioso». Y el exedil Modesto Fernández (Cs) desveló al acudir a declarar como investigado que el propio Juan Pedro Martínez «había votado a favor dos meses antes. El abogado al que se paga conlleva una procuradora y a esta se pagó, con otro reconocimiento extrajudicial, en el pleno anterior», celebrado el 25 de mayo. «Nos denuncia dos años después... Es un resentido», valoró Fernández.