Santurde, Santurdejo y Pazuengos piden al Defensor del Pueblo ayuda por los recortes

Más municipios riojanos recurren al Defensor del Pueblo por los «recortes» sanitarios. A San Millán de la Cogolla se suman los municipios de Santurde de Rioja, Santurdejo y Pazuengos, cuyos alcaldes han elevado una queja a dicha institución y recabado su ayuda. También solicitan una cita con la presidenta, Concha Andreu, «para que nos explique los motivos por los que se han recortado los servicios sanitarios en nuestras tres localidades». Los tres regidores, Raúl Espinosa, Agustín San Martín y César Somovilla, advierten de que quieren hablar «exclusivamente» con Andreu. Insisten en ello porque el miércoles 19 abandonaron la reunión a la que habían acudido para verse con la consejera de Salud, Sara Alba, al saber que esta no iba a acudir y que en su lugar había enviado a otros representantes.

Los tres alcaldes, del PP, llevan en pie de guerra desde el 30 de junio, cuando tuvieron conocimiento «extraoficial» de que la Consejería de Salud tenía previsto llevar a cabo una reorganización de la prestación sanitaria en sus localidades, que iba a suponer la reducción de los días de prestación de consulta médica y de enfermería, y el cambio de centro de referencia, de Santo Domingo de la Calzada a Ezcaray.

Todo ello lo detallan en su queja al Defensor del Pueblo, en la que explican que ese mismo día remitieron al centro de salud un escrito de oposición a dichas medidas, del que dicen que no ha tenido respuesta alguna, y que tampoco se han comunicado a los ayuntamientos las medidas «impuestas». Estas, a juicio de los regidores, han redundado «en una pérdida de la calidad de los servicios sanitarios, que, a su vez, suponen una pérdida de la calidad de vida de los vecinos de estas localidades, ya que más de un 60% de ellos tiene más de 70 años, con lo que ello conlleva de necesidad de atención sanitaria», indican.

Asimismo consideran que esta actuación está «dejando atrás al medio rural por el que el Gobierno de La Rioja dice apostar», y que en su lugar se están desarrollando políticas públicas «contrarias al reconocimiento y ampliación de derechos básicos, como el de tener asistencia sanitaria adecuada que redunde en una digna calidad de vida». En su solicitud también refieren las movilizaciones llevadas a cabo hasta la fecha.