El pleno abordará el martes una moción del Grupo Socialista para que se apruebe y entre en vigor cuanto antes una ordenanza reguladora de los chamizos, bajeras y locales similares existentes en Santo Domingo de la Calzada.
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Los socialistas apuntan en su moción a la proliferación de estos locales de ocio en los últimos años y al descenso en la edad media de sus usuarios. También señalan que «varios propietarios han incorporado al mercado de alquiler locales que no están preparados ni equipados para albergar este tipo de actividad que congrega a un número importante de personas en su interior, como garajes o lugares pare el almacenamiento de enseres». De igual modo, indican que la cada vez mayor demanda de locales ha motivado el aumento del precio de alquiler y que, ante ello, cada vez se forman cuadrillas más numerosas para que el precio salga más reducido, «con el consiguiente aumento de los riesgos por hacinamiento de personas en locales mal preparados y de dimensiones reducidas, en muchos casos». Refiere, además, «quejas vecinales, problemas de convivencia y de salubridad pública».
Es por ello que el Grupo Socialista propone una ordenanza que determine las condiciones mínimas que deben reunir los locales, «tanto para obtener la licencia correspondiente, como para el mantenimiento de la misma, atendiendo a las garantías de la seguridad y salud de sus ocupantes y la protección de los derechos de los vecinos del entorno». De esta regulación quedan excluidas las peñas de fiestas, sociedades gastronómicas, merenderos y locales destinados a reuniones familiares.
La normativa con la que acompañan la moción establece, por una parte, las obligaciones del propietario del local, a nivel de condiciones y mantenimiento, contractuales, seguros, etc. También las de los representantes legales de los menores de edad, ruidos, ocupación, mantenimiento y limpieza de la vía pública, la alteración del orden público, el consumo, suministro y tenencia de sustancias o de bebidas alcohólicas por menores; su utilización en horario escolar, etc. La ordenanza también contempla un registro municipal, campañas de sensibilización y, entre otras cuestiones, un apartado sancionador que conlleva sanciones que oscilan entre 150 y 3.000 euros.
Los socialistas ya llevaron esta moción al anterior pleno, pero no superó el trámite de la urgencia.
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