La muralla de Santo Domingo pide 'a grietas' que la ayuden

La solución no es fácil ahora mismo. La mayor parte de la muralla es de propiedad privada, –con escrituras que, en su mayoría, se realizaron en el siglo XIX– y la poca que es municipal está sujeta a servidumbres. Es decir, que existe un derecho real sobre ella por parte de otras personas, ya sean puertas, ventanas, accesos, etc.

El Ayuntamiento ha abordado este problema en los últimos años, dado que, para que lleguen las ayudas para rehabilitar la muralla y ejecutar el plan urbanístico previsto en el tramo de la avenida de Burgos, es preciso que sean propiedad del Ayuntamiento. Ahí está el 'quid' de la cuestión.

«Lo que quiere la gente es vender y vender a buen precio», dijo en el 2018 el entonces alcalde, Agustín García Metola. Frente a estas pretensiones –legales por otra parte–, el Ayuntamiento podría introducir en la negociación la exigencia de la realización de las obras necesarias para garantizar la conservación y mantenimiento de este patrimonio histórico de forma subsidiaria. Otra opción es la expropiación forzosa, que estaba sobre la mesa del anterior equipo municipal.

El actual aboga por «avanzar este año en la recuperación de las murallas, conscientes de que hasta que no vayamos adquiriendo propiedades, la financiación no podrá venir, como deseamos», ha indicado este viernes el alcalde, David Mena, quien anticipó que en este ejercicio se ultimará una permuta para obtener un terreno y «trataremos de conseguir algún que otro inmueble más que tenemos fijados como objetivos». A renglón seguido, Mena ha resaltado que «en la legislatura comprendida entre 2011 y 2015 nos costó un gran esfuerzo incluir las murallas en el 'Plan nacional de arquitectura defensiva' y conseguir la redacción de un plan director financiado por el Ministerio, por 54.450 euros». Ha añañdido que en la anterior legislatura, con el PSOE en el Gobierno, «no se avanzó en nada más».

El regidor municipal ha reconocido que «nos queda un arduo trabajo» y abogó por «empujar entre todos para lograr comprometer a administraciones públicas superiores, regionales y nacionales, que podrían mejorar mucho más su implicación, con más capacidad de recursos de todo tipo, no solo económicos, para acometer y avanzar en estos proyectos de envergadura y dificultad».