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El 18 de junio de 2009, los entonces alcalde de Santo Domingo de la Calzada, el socialista Agustín García Metola, y Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero firmaron un convenio para construir un nuevo cuartel en el ... municipio calceatense. El nuevo edificio tendría una edificación total de 4.216,64 metros cuadrados y se levantaría en un solar en la confluencia de la calle Calvario con avenida de Haro.
El importe de licitación era de 4.406.486,15 euros, cantidad de la que el Estado asumiría 3.990.367,69 y el Ayuntamiento la cantidad fija e invariable de 416.118,46 para el abono de gastos de ejecución de las obras de construcción de un edificio de nueva planta para la ubicación de los servicios del Puesto y Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en la ciudad.
El Ayuntamiento debía efectuar la oportuna reserva de crédito que le permitiera abonar la cantidad acordada una vez se recibiera definitivamente la obra mediante la formalización del ingreso de dicho importe en el Tesoro Público. El convenio también establecía la obligación de Santo Domingo de bonificar el 95% en el impuesto sobre construcciones, teniendo en cuenta que el destino de la obras era de especial utilidad para el municipio.
Catorce años después de la firma del convenio y con el cuartel en pleno uso, la Audiencia Nacional atiende el recurso planteado por la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y condena al Ayuntamiento del municipio riojalteño a pagar por incumplimiento de las obligaciones la suma de 416.118,46 euros más los intereses correspondientes. Entiende el tribunal que, examinado el convenio, resulta incuestionable la obligación asumida por el Consistorio de Santo Domingo de abonar a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) la cantidad fija e invariable mencionada, cantidad que no había abonado.
En contestación a la demanda, el Consistorio alegó que no pretendía discutir las diferencias que existían entre las partes puesto que, según su versión, en octubre de 2021, las administraciones central y local alcanzaron un acuerdo por el que, entre otros extremos, la secretaría de Estado de Seguridad se comprometía a desistir del recurso contencioso administrativo.
En el mencionado acuerdo extrajudicial, según el Ayuntamiento, se pactó minorar la cantidad que se había comprometido a aportar (416.118,46 €) en la cuantía correspondiente a los costes asumidos por la construcción del centro de transformación, más los costes que resulten de la ejecución de la demolición del antiguo acuartelamiento.
Sin embargo, la Audiencia Nacional, de acuerdo con la sentencia contra la que cabe recurso ante la sala de lo Contencioso, entiende que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada pretende la «desestimación integra del recurso con fundamento en un acuerdo extrajudicial que no consta ni se acredita».
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