La Abogacía del Estado se opone al acuerdo extrajudicial para el derribo del cuartel

En concreto, desde el año 2009, cuando los dos organismos firmaron un convenio sobre el nuevo cuartel, por el que el Ayuntamiento aportaría 416.118 euros. La cantidad nunca fue abonada, lo que derivó en acciones judiciales contra el Consistorio y en la paralización de cualquier procedimiento.

Así hasta el año pasado, cuando las dos partes acordaron que de esa cantidad se descuenten los 73.247 euros que salieron de las arcas municipales para financiar el centro de transformación, más otros 49.307 euros por la demolición del antiguo acuartelamiento, actuación que piensa acometer el Ayuntamiento.

Según el Ayuntamiento, la Comisión Delegada del Consejo Rector de la GIESE aprobó este acuerdo extrajudicial, que fue refrendado por el pleno calceatense el 26 de octubre del 2021. En este punto del orden del día también se pedía a la GIESE que solicitara a la Abogacía del Estado la retirada de la reclamación judicial que interpuso contra el Ayuntamiento por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio del año 2009.

Lo que parecía no ser más que cuestión de plazos se torció este mes de enero, cuando el Ayuntamiento recibió un escrito de la Audiencia Nacional que tiró abajo las aspiraciones del equipo de Gobierno sobre este asunto.

El alcalde, David Mena, explicó en el pleno ordinario del pasado martes que tras llegarse a un acuerdo se remitió un oficio a la Audiencia Nacional en el que se informaba del mismo con la GIESE, que a su vez lo trasladó a la Abogacía del Estado en el trámite de alegaciones. Ha sido en esta fase –indicó el regidor–, cuando la Abogacía del Estado «se ha opuesto a la satisfacción extrajudicial, al entender que no concurren los requisitos del artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (la satisfacción de las pretensiones del Ministerio fuera del proceso). Entendemos que no consideran que se pueda modificar el convenio suscrito».

Ahora, el Ayuntamiento tiene que designar abogado y procurador para defender los intereses municipales en un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

«Es un jarro de agua fría para los planes que teníamos para el derribo inminente del edificio, que es un problema desde hace demasiados años por su insalubridad y porque por fin habíamos llegado a un acuerdo para solucionarlo», lamentó Mena, consciente de que este asunto va a dilatar la demolición de la vieja casa-cuartel. Sobre esta añadió que, «desde el Ayuntamiento, según el estado del inmueble, vamos a estudiar procedimientos sobre la propiedad para posibles acciones que solventen la situación más rápidamente».

El alcalde calceatense manifestó que «no debemos de dejar ni dejaremos de insistir en este asunto. Es un paso atrás que no esperábamos, pero seguiremos incidiendo en ello porque nuestra ciudad necesita una solución a esta situación que hay que despejar, porque nadie desea seguir con este problema».