Ocho cámaras de videovigilancia controlan las calles y accesos de Cihuri

También se han colocado en el paraje de la ermita de la Esclavitud, un entorno natural recientemente restaurado y muy frecuentado los fines de semana, que cuenta con barbacoas y un amplio espacio de ocio, desde donde también se accede a la Peña Gembres.

Estas ubicaciones aparecen detalladas en la denuncia presentada el 15 de febrero ante la Agencia Española de Protección de Datos por el concejal Fernando Conde Salazar, del PSOE, quien explica en el texto que el alcalde de la localidad, Neftalí Isasi –del Partido Popular– «ha colocado dispositivos fijos de grabación en diferentes puntos sin las autorizaciones necesarias, omitiendo el procedimiento preceptivo, vulnerando de manera flagrante los derechos fundamentales de los habitantes de Cihuri».

Según la denuncia, varios vecinos del municipio le alertaron de la colocación de las mismas y le trasladaron que, al preguntar por ellas, la respuesta recibida fue que la instalación se llevaba a cabo «por orden del alcalde».

Y es que la decisión de su instalación partió del equipo de Gobierno, en una iniciativa que no fue consensuada en pleno municipal con el resto de la Corporación, sino que se llevó a cabo a través de una resolución de Alcaldía.

«Me consta que no ha habido ningún pleno donde se haya debatido y aprobado la decisión de solicitar a la Delegación de Gobierno autorización para la colocación de las cámaras en las calles y zonas de uso público del municipio», explicaba el edil socialista.

El lunes 8 de marzo las cámaras ya estaban en funcionamiento, ya que se efectuaron las primeras comprobaciones para confirmar que grababan correctamente, según explica Conde. «Me lo confirmaron los trabajadores que estaban realizando las gestiones. Los mismos que me indicaron que se podía acceder a su contenido desde una app con acceso por parte del alcalde, introduciendo su correo electrónico y su contraseña», asegura.

De hecho, se detalla en la denuncia que las grabaciones realizadas las han visto a través de la aplicación móvil, «no solo las fuerzas de seguridad, sino también el alcalde, concejales e incluso personas ajenas al municipio». En cuanto a los motivos de su instalación, reconocen que «no existen motivos de inseguridad ciudadana que justifiquen la vigilancia». Pasados diez días de su entrada en funcionamiento, en concreto, el 18 de marzo, comenzaron a instalar las placas que advertían de la presencia de cámaras.

El alcalde sí que advirtió a través de una carta de felicitación navideña que «nos proponemos alcanzar otro tipo de seguridad mediante la instalación de una red de cámaras de videovigilancia en diversos puntos estratégicos del casco urbano, que sirva de apoyo a las fuerzas de seguridad en su labor de persecución a los amigos de lo ajeno».

La inversión total, como adjudicación menor a la empresa de seguridad, es de 8.083 euros.

Preguntado por este periódico sobre los motivos de la instalación, el alcalde, Neftalí Isasi, manifestó que «a lo mejor, las quejas son de alguien que se siente vigilado por algo», pero eludió hacer más declaraciones.