Una vez cumplido el plazo de la recepción de la notificación del acuerdo de pleno a la empresa JIG Easy Services, como adjudicataria de la gestión de las piscinas climatizadas, estas siguen sin abrirse a los usuarios. Como quiera que la reapertura se debía de ... haber realizado a la recepción del acuerdo plenario, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Nájera, Carmelo Maeztu, recordaba este viernes que «el contrato sigue en vigor, la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones y la llave la tiene la empresa».
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En ese contexto, el edil daba a conocer las cifras de los tres años del contrato. Comenzando por el año 2019, cuando a la empresa se le abonaron un total de 637.950 euros, «teniendo en cuenta que desde la finalización del contrato anterior hasta la nueva adjudicación, la empresa JIG estuvo trabajando durante tres meses con un contrato prorrogado». Ese año, los ingresos conseguidos por el Consistorio fueron 213.444 euros, por lo que resulta un desembolso para el municipio de 433.113 euros.
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En cuanto al año 2020, el de la pandemia, la empresa recibió del Ayuntamiento 378.606 euros por el contrato, «a lo que se suman los 91.842 euros por las indemnizaciones a los trabajadores por el tiempo que estuvieron cerradas las instalaciones». Las arcas municipales recibieron 123.835 euros de ingresos por abonos y demás, lo que hace que esa anualidad el déficit para el municipio fuera de 354.879 euros. El coste para Nájera de los tres años ha sido de 1.209.959 euros.
Maeztu afirma que JIG podía haber pedido un ERTE en pandemia, pero el Ayuntamiento tuvo que pagar las indemnizaciones
En el último año de contrato, antes de la prórroga contemplada en el mismo, el municipio abonó a la empresa 550.403 euros por su contrato, ingresando el Consistorio 140.525 euros de abonos y demás, con un gasto para la ciudad de 421.967 euros.
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Maeztu señalaba con respecto al argumento de la mercantil de que si no se les abona la cantidad exigida para cubrir la subida de los gastos de energía, el Ayuntamiento obtendría un beneficio injusto, que él entiende que «el beneficio injusto no es tal», recordando que «en estos tres años, durante la pandemia, todo lo que pudo reclamar lo reclamó y el Ayuntamiento se lo abonó», añadiendo que «es curioso que pudiendo en ese periodo haber tenido a los trabajadores en ERTE, no los tuvo, y que el Ayuntamiento tuviera que hacerse cargo de todas las indemnizaciones, que en total fueron 91.842 euros».
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