Hasta aquí hemos llegado

La sentencia, que aún debe ser ejecutada y notificada a Aitor Santibáñez y al comercial de la compañía petrolífera que propició el desvío y ha sido igualmente condenado, provocará que el exalcalde deje la Corporación municipal, en la que ejerce como oposición, a pesar de haber sido el más votado.

Al conocerse el caso y ser detenido por la Guardia Civil en 2018, Santibáñez fue suspendido de militancia del PP y, aunque presentó su dimisión como alcalde, se retractó y agotó la legislatura como no adscrito, al darse de baja voluntariamente del partido. Con todo el follón montado y sumido el Ayuntamiento en una crisis continua por las denuncias cruzadas entre Santibáñez y el anterior alcalde, Francisco Jalón (PR, 2011-2015). Santibáñez se presentó a las elecciones de 2019 con un nuevo partido, Somos Viguera, y ganó obteniendo el 37,54 % de los votos (119) y tres concejales, frente al 27,44 % del PP (87) y el 24,92 % del PSOE (79), con dos ediles cada uno. La participación fue máxima, del 94,96 %.

Todo parecía indicar que Santibáñez gobernaría con cierta comodidad ante la improbable entente cordial entre PP y PSOE, pero la sorpresa saltó en el pleno de investidura del 15 de junio de 2019 cuando el popular Álvaro Manzanos obtuvo cuatro votos, los de PP y PSOE, frente a los tres de Somos Viguera. Lo imposible fue posible. «El PSOE ha decidido apoyarnos debido a que nuestros programas son muy similares, es un acuerdo de buenas voluntades», justificó Manzanos, con el deseo de sacar al Consistorio del estado en que se encontraba.

Más curioso aún fue que, pocos días antes, la candidata socialista, Marta Ramírez, había acusado a Manzanos de estar empadronado en «un inmueble fuera de ordenación, con orden de derribo y sanción de 30.000 euros por infracción urbanística grave». Después del acuerdo con el PP Ramírez también se justificó: «Nuestro pueblo se encuentra en muy mala situación y era dejarlo sumido en procedimientos judiciales o avanzar, no teníamos otra opción».

Santibáñez había denunciado a Francisco Jalón por prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas, siendo absuelto de cinco cargos y condenado a siete años de inhabilitación por la contratación de dos socorristas en un «acto arbitrario». Tras el juicio de Jalón, le ha llegado el turno a Santibáñez, que deberá entregar su acta de concejal y no parece que vaya a poder presentarse a las próximas elecciones al quedar inhabilitado, aunque quién sabe, tal vez volviera a ganar los comicios.

Quizá hasta aquí haya llegado la trayectoria política de quien fue alcalde (2015-2019), teniente de alcalde (2003-2007 y 2007-2011) y concejal en la oposición (2011-2015 y 2019-2023) y, mientras tanto, ya fue condenado como coautor criminal de un delito leve de daños por pinchar las ruedas de un ecologista que investigaba vertidos ilegales en Viguera.