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La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha revocado la sentencia que anuló la orden de cierre de Ganados Vallejo, una de las tres granjas de Lardero denunciadas por carecer de licencia ambiental. Aunque el 7 de junio ... de 2024 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Logroño estimó el recurso presentado por Manuel Vallejo Sampedro, propietario de Ganados Vallejo, e invalidó en primera instancia la clausura dictada, ahora, en una segunda, se ratifica tras el recurso presentado por el Ayuntamiento de Lardero.
«Habíamos recurrido la última sentencia a favor de la granja, se ha revocado y ahora solo es susceptible de presentar un recurso de casación», explica la alcaldesa de Lardero, Isabel Barceló (PP). Las denuncias presentadas contra tres granjas siguen sus trámites y, aunque la de aves Champilar y la de reses bravas Lumbreras están a la espera de resolución judicial, el proceso de la tercera, la de corderos, propiedad del padre del exalcalde Manuel Vallejo y la actual concejala de Salud y Asociaciones, Nersa Vallejo (PP), es el que más avanzado está, «Es un proceso que ha surgido y ha terminado en los Juzgados. No hay nada más que decir. No valen opiniones personales», dice la alcaldesa, cuñada del responsable de Champilar.
El Consistorio ordenó en enero de 2023 el cese de actividad de Ganados Vallejo, el propietario recurrió y logró anular la clausura pero ahora se ha revocado aquella sentencia y deberá clausurar la explotación ganadera, todavía abierta a la espera de que finalice el recorrido judicial. «El Ayuntamiento tuvo el juicio con la granja por la licencia ambiental, y así son los procesos judiciales, cada uno defiende que tiene la razón», añade Isabel Barceló.
Durante la anterior legislatura, en octubre de 2021, el Ayuntamiento larderano abrió un expediente de cese y clausura de la actividad de la explotación Ganados Vallejo «por carecer de licencia ambiental, antes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas». Todo parte de la denuncia de una vecina ante la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo por «malos olores» y «proliferación de moscas y pulgas». Un informe del Ayuntamiento concluyó que la compatibilidad urbanística de la explotación ganadera con las parcelas que ocupa es desfavorable al ubicarse en suelo urbanizable, cuando para poder ejercer dicha actividad debería contar con la categoría no urbanizable de especial protección.
Ganados Vallejo lleva funcionando desde 1977 y tiene capacidad para mil animales. La denuncia original por parte de la vecina señalaba que «la instalación no cumple con la normativa sanitaria vigente referida a la distancia mínima a la cual se puede establecer una explotación ganadera de un casco urbano». Lo cierto es que el crecimiento de Lardero en las últimas décadas ha acabado por absorber una granja que antes estaba en las afueras. Y, aunque no consta la licencia en el archivo municipal, el Gobierno de La Rioja informó a Diario LA RIOJA de que la granja cuenta con registro en vigor desde 1994 y de que cumple con los requerimientos oportunos.
PSOE y Vox, en la oposición, coinciden en reclamar que se sancione a Ganados Vallejo por llevar 48 años sin licencia y resolver equitativamente los otros dos expedientes similares. «Tratándose de una instalación del padre del anterior alcalde y de una concejala actual, este tema se ha tratado con nula trasparencia», critica el PSOE, y exige que «se le trate exactamente igual que a cualquier otro ciudadano, con el que no hubieran tenido tantos miramientos a la hora de clausurar un negocio sin licencia». Y Vox expone que, «aunque la sentencia no es firme, respecto a los intereses del municipio, se ha hecho justicia, que debe ser igual para todos».
Nersa Vallejo, edil de Lardero e hija del dueño de Ganados Vallejo, anuncia a Diario LA RIOJA que su familia llevará el caso al Tribunal Supremo para determinar si deben cerrar la granja. «Estudiada la sentencia de apelación, consideramos que se ha cometido una tremenda injusticia y que no han sido valorados ni los hechos reales acaecidos a lo largo de más de 45 años ni la documentación que acredita los errores cometidos por el Ayuntamiento al tramitar la licencia en 1977, cuando todo se encontraba acorde con la legalidad», expone Nersa Vallejo. «El juez se preocupó de solicitar y valorar la prueba hasta llegar a un pronunciamiento favorable para nosotros en una sentencia debidamente fundamentada y completa. Y ahora nos encontramos con una sentencia en segunda instancia que adolece de fundamentación en la mayor parte de los argumentos», añade Vallejo
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