El centro de Haro pierde su antiguo brillo

Gran parte de los edificios del centro de Haro agonizan. La falta de mantenimiento por parte de sus propietarios supone un riesgo claro para la salud de los viandantes. Por ello, el Ayuntamiento jarrero obliga al derribo de los que presentan peores circunstancias y suponen un riesgo para la seguridad de los vecinos.

Esta semana, el Consistorio declaraba en ruina los edificios de la calle Ventilla número 7 y Garrás 6. Dos construcciones que se suman a la suerte que correrá el edificio interior de Santa Lucía 12, cuyo derribo se ordenó el 20 de enero, y también al ubicado en la plaza San Agustín, cuya licencia de obra para derribo se aprobó el pasado mes de noviembre y se encontraba acordonado desde hacía meses por desprendimientos de elementos de la fachada.

En el caso del edificio de la calle Ventilla, ubicado frente a las obras del futuro hotel de cinco estrellas, en 2023 se presentaron varias denuncias en el Ayuntamiento de Haro relativas al estado de conservación del edificio. Tras la inspección, se estimó urgente que se procediera a la reparación y consolidación de los elementos que estaban en una mala situación. Pero no se cumplió la orden de ejecución, por lo que el tramo de la cubierta afectado por un derrumbe había aumentado respecto al informe anterior «con grave riesgo para las personas y las cosas», según el escrito técnico. También el deterioro de la fachada posterior ha progresado, lo que supone una «situación extremadamente peligrosa, con riesgo de ruina inminente de la citada fachada portante», señalaron. Por ello, la junta de gobierno local, por unanimidad, acordó declarar la ruina del edificio y ordenó a su propietario la demolición del inmueble. De no cumplirse los plazos, el Consistorio lo hará de forma subsidiaria.

En cuanto al edificio de la calle Garrás, se ha producido la solicitud de la declaración de ruina por parte de los propietarios para proceder a su derribo. Para ello, han presentado un informe técnico en el que se pone de manifiesto la «precaria situación estructural y unas nulas condiciones de habitabilidad». Por lo tanto, también cuenta con un plazo de 60 días para que contraten un arquitecto que redacte un proyecto de derribo.

En la misma junta de gobierno se aprobó la solicitud de licencia de obras para la construcción de las 11 viviendas de protección pública por parte del Gobierno riojano a través del IRVI, unas obras, junto a la parroquia de Santo Tomás, condicionadas por la aparición de restos arqueológicos. «Los sondeos han permitido certificar la existencia de restos diseminados, que deben quedar bien documentados», señalaron.