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El Gobierno municipal del PP llevará al pleno del próximo lunes, 28 de octubre, una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por asistencia y estancia en la residencia municipal San Lázaro, que según ha denunciado Vox «pretende adquirir viviendas de mayores para ... garantizarse el pago de las cuotas» de los residentes en el centro. Tal y como expone este partido en una nota de prensa, la medida recoge que aquellos usuarios de la residencia «que no puedan hacer frente al pago de la totalidad de la cuota» serán «instados a vender su vivienda en el plazo de un año».
En caso de no hacerlo, Vox asegura que «el propio Consistorio se haría cargo de la compra de la vivienda para que el anciano pueda sufragar los gastos de su estancia». Esta propiedad, se explica en la nota, «se destinará posteriormente a fines sociales» mediante «un contrato de promesa». Para Vox esta modificación de la ordenanza es «completamente inaceptable y supone una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Calahorra», quienes «en lugar de recibir apoyo y protección, se verán forzados a desprenderse de su hogar».
Asimismo, denuncia que la medida «atenta contra el derecho de los ciudadanos a disponer de su patrimonio de forma libre y voluntaria». «No podemos permitir que el Ayuntamiento se convierta en una especie de gestor inmobiliario que aproveche la situación de los más débiles para quedarse con sus viviendas. Esta medida representa una auténtica coacción para las familias, que no puedan permitirse los costes de la residencia», asegura Maite Arnedo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento.
Ante ello, Arnedo plantea que «en lugar de presionar para la venta forzosa de viviendas», se exploren «otras fórmulas de apoyo, ayudas directas o la creación de un fondo solidario para cubrir los gastos de aquellos que no puedan hacer frente a las cuotas de la residencia». «O simplemente encontrar los mecanismos adecuados para que sus familiares más allegados se hagan cargo del coste», añade. Así, Vox pide al Ayuntamiento que «recapacite sobre esta propuesta« y advierte que presentará alegaciones en el periodo de exposición pública en el caso de que se siga adelante con la tramitación de esta modificación.
Por último, considera que este planteamiento «podría derivar en una oleada de expropiaciones encubiertas, donde el Ayuntamiento adquiriría propiedades a precios posiblemente inferiores al valor de mercado, generando así una distorsión en el patrimonio de muchas familias calagurritanas».
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