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Calahorra cuenta con nueve taxistas en la actualidad que, desde hace años, sufren merma de servicios y competencia ilegal de piratas. La crisis del COVID-19 ha sido la puntilla, explican Fidel, Jesús y Julián.
«Antes trabajábamos para mutuas directamente, ahora contratan a empresas de ambulancias y plataformas de fuera que subcontratan a comisión a taxistas y VTC (vehículo de transporte con conductor)», comentan.
«En una ciudad como Calahorra estamos muy limitados porque dependemos del Ayuntamiento, que marca unas condiciones de cómo debe ser el servicio que prestas. Las plataformas y las VTC están más libres, pueden ir a cualquier sitio», indican y añaden que «en otros lugares hay más facilidades para transferir las licencias. Aquí, si quieres jubilarte te obligan a tener un asalariado durante un año para transferirla. En caso contrario, se la queda el Ayuntamiento».
«De esta manera, continúa gente de más de 65 años y no se deja paso a jóvenes. No hay perspectiva de futuro y supone una esclavitud porque trabajas de lunes a domingo a cualquier hora, cuando te reclaman», lamentan.
La pandemia del COVID-19 ha sido el remate, con una reducción de más del 80% porque no hay movimiento, sin eventos ni fiestas los jóvenes no utilizan el taxi y a nivel de particulares solo supone el 5% del trabajo. Está todo muy limitado y los taxistas deben hacerse con otros nichos de mercado para subsistir.
Aseguran que «para atender la ciudad, con dos taxis sobraría. En los horarios en los que no funciona el autobús urbano, apenas hay dos salidas al hospital, por ejemplo, y los autobuses interurbanos realizan varias paradas en el casco urbano cuando deberían ir directamente a la estación».
«Años atrás no nos permitían cambiar a vehículos de siete y nueve plazas y fue algo negativo para nosotros. La existencia de piratas (particulares que cobran por traslados sin tener licencia) en Calahorra supone la principal lacra para el sector. Hay más que taxistas y no podemos hacer nada para impedirlo», denuncian.
«Entre 10 y 15 servicios urbanos se realizan los días de más actividad y hay que repartirlos entre nueve profesionales. Resulta inviable. Además, llevamos casi 10 años con el precio cerrado del servicio urbano, sin aumento, cuando en otros municipios vemos que sube. Tenemos un teléfono fijo obsoleto en la parada, que nos obliga el Consistorio a conservar y pagar cuando hoy la gente llama al móvil» . Por eso, piden al Ayuntamiento actualizar su situación, más facilidades y que ayude al sector como ocurre en otras localidades vecinas, con taxis subvencionados para determinados traslados (al hospital, por ejemplo), como se subvenciona la línea de autobús, deficitaria.
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