Abogados de Rioja Baja exigen más medios ante el «gran atasco» de los Juzgados de Calahorra

Varios de los afectados con los que se ha entrevistado este periódico coinciden en señalar que el problema de escasa agilidad en las tramitaciones tiene que ver, en otros motivos, por la falta de recursos humanos, la falta de presencia de un fiscal y la alta movilidad del personal funcionariado. «Antes tramitabas un divorcio de mutuo acuerdo y en un mes y medio o dos meses como mucho estaba solucionado. Ahora presentas un divorcio e igual transcurren seis o siete meses y no sabes absolutamente nada», pone como ejemplo Juan Nuñez, abogado de Arnedo, a la vez que precisa que la lentitud en la tramitación de los juzgados calagurritanos «se viene prolongando desde la pandemia y posteriormente con el incendio que sufrió el edificio en el año 2022, la huelga de letrados, la de funcionarios y el traslado cuando se recuperó otra vez el juzgado».

«Y explícaselo luego tú a los clientes», interviene Antonio Alonso, abogado de Alfaro, poniendo el foco en cómo son finalmente los ciudadanos quienes se ven perjudicados en los distintos ámbitos de su vida por culpa de los retrasos. «Es que en un matrimonio que está en trámites de divorcio o separación, el contacto diario durante seis meses es muy complicado, y da lugar a que al final se produzcan denuncias de malos tratos, de insultos... y se transformen en contencioso», apunta Juan Núñez.

Pero ya no es que haya todavía numerosos procedimientos pendientes es que «la mayoría de los compañeros se quejan de que hay casos presentados en 2023 y que todavía están sin incoar; es decir, ni siquiera tienen número», advierte. De esta manera se están dando situaciones tan desconcertantes como la vivida por otra abogada de Alfaro, María Villar Moreno, cuya madre, de avanzada edad, falleció hace unas semanas, después de que el 19 de febrero presentase una demanda de incapacitación. «No tiene ni número», lamenta.

Casos similares hay más, como relata Juan Núñez. «Los temas de ejecuciones de reclamaciones de cantidad en concepto de pensiones alimenticias están tardando cerca de un año en tramitarse, y entre tanto esos hijos o esas mujeres están sin recursos económicos para poder subsistir», explica. O los desahucios por impagos, que están tardando «año o año y medio cuando la ley lo que preveía es que fueran más rápido». Así que «lo único que estamos haciendo es perjudicar a quien está pidiendo Justicia», sostiene. Sonia Fernández, abogada en Calahorra, lo corrobora al exponer lo que sucede con los delitos leves: «Como prescriben a los seis meses, si no lo tramitas, quedan prescritos».

En el Registro Civil, con dos funcionarios frente a los «13 o 14 de Logroño», es más de lo mismo. «Hemos tenido un atasco de un año para poder tramitar nacionalidades, porque no había personal suficiente», dice Núñez.