El TSJR obliga al Ayuntamiento de Calahorra a reabrir el 'Caso Cidacos'

Recuerda la formación que "la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción de La Rioja ante la Fiscalía de La Rioja en septiembre de 2009, y posteriormente trasladada al Juzgado de Instrucción nº 2 de Calahorra por la propia Fiscalía en enero de 2010, supuso la apertura de diligencias previas".

Continúa la nota del grupo socialista que "a raíz de estas diligencias se investigó "la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente por el que se imputó a José Miguel Lázaro, el gerente de la empresa Lázaro Conextrán, por la destrucción en octubre de 2007 de 4,5 hectáreas de bosque natural de ribera junto al Parque del Cidacos".

Por los mismos hechos, "y a petición tanto de Ecologistas en Acción como de la Fiscalía, el Juzgado investigó la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por el alcalde de Calahorra, entonces Javier Pagola, al no sancionar conforme a la ley a la empresa responsable de una infracción contra el planeamiento urbanístico calificada como muy grave por la legislación (LOTUR)".

Indica la nota que "el 3 de noviembre de 2011 los Juzgados de Calahorra dictaron un auto de sobreseimiento provisional de la causa, contra el cual se presentó Recurso de Reforma el 28 de diciembre de 2011, que fue nuevamente desestimado".

Este, añaden, "dio lugar al 30 de diciembre de 2012, a la presentación de un Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial, que fue nuevamente desestimado en fecha de 28 de mayo de 2012".

Apuntan que "una vez finalizado ese procedimiento judicial que durante años paralizó los plazos para que los presuntos delitos o faltas caducasen, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Comunidad Autónoma de la Rioja (Dirección General de Vivienda) reclamando la actuación subrogada a que hace referencia la LOTUR, ya que el Ayuntamiento de Calahorra se negaba de plano a sancionar la infracción cometida".

«Portillo, valedor de los infractores»

Agregan desde los cuatro coletivos que "la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja obligó al Ayuntamiento del PP a abrir un expediente sancionador, para cuya instrucción se nombró a Luis Martínez Portillo, lo cual suponía la garantía máxima de manipulación del resultado de dicho expediente, pues era precisamente el señor Portillo el principal valedor de los infractores y un férreo defensor de la tesis de que el bosque destruido no estaba legalmente protegido y ni tan siquiera existía".

La censura con respecto a este caso agrega: "El expediente fue troquelado al gusto del Partido Popular y se decidió cerrar sin sanción de forma absolutamente ilegal, ya que dicha decisión la tenía que haber adoptado el pleno, y lo hizo directamente el alcalde", dicen.

"Ante esta nueva maniobra ilegal del Partido Popular, como se ha demostrado con esta sentencia, se creó una plataforma para la acción judicial entre Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal "Salvemos el Parque", el Grupo Municipal del Partido Socialista y el Grupo Municipal del Partido Riojano y se inició un proceso judicial mediante la presentación de un Contencioso Administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Calahorra de cerrar el expediente sin sanción y adoptar fraudulentamente la decisión por la Alcaldía", indican en su nota.

Reapertura del caso

Señalan los afectados que "este proceso judicial ha concluido con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, (194/2016 de fecha 10 de junio de 2016) ante la cual no cabe recurso, que da la razón a los cuatro colectivos, y declara nulo el cierre del expediente sin sanción por parte del alcalde de Calahorra, por lo que nuevamente se tendrá que reabrir el caso".

Los cuatro colectivos muestran su "esperanza de una sanción ejemplar a los responsables de la destrucción ilegal de un bosque natural de ribera (de 4,5 hectáreas de superficie) en el Sector Cidacos perpetrada en octubre de 2007, un bosque que estaba protegido por el propio proyecto de urbanización del sector".

Exigen además "la asunción por parte de Luis Martínez Portillo de las responsabilidades políticas y judiciales que se desprendan de sus propias maniobras políticas, vulnerando la legalidad, arrogándose competencias que correspondían al pleno, y permitiendo que no se sancionase a nadie, llegando incluso a negar la destrucción ilegal de más de 1500 árboles y arbustos, en el único interés de beneficiar a los infractores".

Por último, el reclaman en su nota "el inmediato acatamiento de la misma por el Partido Popular, la reapertura del expediente sancionador, una sanción conforme a la ley, así como la restitución del bosque arrasado por cuenta de los responsables de su destrucción".