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Hoy se constituye la comisión gestora que dirigirá el Ayuntamiento de Brieva de Cameros durante la legislatura. La dimisión del equipo de Gobierno local socialista formado por el alcalde Pedro Somalo y el concejal Pablo Fontecha, y la ausencia de suplentes u otros candidatos no electos, ha provocado que el edil Héctor Espiga (PP) se quedara solo y se haya precisado constituir una comisión gestora que recoja las riendas de un Consistorio del que dependen seis empleados municipales y un rebaño de 740 animales de la Escuela de Pastores de La Rioja.
Esta herramienta de política local se aplicó el año pasado en Robres del Castillo, cuando dimitió la Corporación municipal al completo, y que formaba el equipo de gobierno popular. Entonces sí había otros candidatos, pero resultaban insuficientes para reconstituir el órgano municipal y se tuvo que nombrar una comisión gestora, liderada por José Ignacio Rincón, con la que finalizar la legislatura, de la que apenas quedaban seis meses.
Entonces se creyó que el caso de Robres del Castillo era inaudito en la democracia riojana. Al Gobierno de La Rioja no le constaban casos anteriormente. Pero sí. Corera fue pionero en que se presentaran los justos a las elecciones y que unas dimisiones en cascada dejaran la Corporación en cuadro, obligando a nombrar una comisión gestora para resucitar el Consistorio. Fue en febrero de 1990, después de unos sucesivos abandonos de concejales que empezaron en 1987 y que agotaron la nómina de suplentes de la lista electoral del Partido Riojano, de forma que de siete ediles solo quedaron dos.
Aunque lo singular de Brieva es que se ha producido a los cuatro meses de legislatura, el caso de Corera fue especialmente significativo porque uno de los que no dimitieron fue el alcalde, Juan Ramón Barrio Hierro, quien interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de la gestora, formada por Julia Cadarso, Francisco Antonio García, María Victoria Latorre, Carlos Mués y Antonio Felipe Fernández; después de que dimitieran en enero los últimos concejales, Fernando Cárcamo, José Ignacio Cárcamo y Agustín Jalón, quedando solamente Barrio Hierro y el edil Jesús María Fernández.
El alcalde se mostró contrario al nombramiento porque, justificó, a los vecinos elegidos «les gusta dar guerra con la actual secretaria», los creía «enemigos» y los acusaba de haber «entorpecido el trabajo del Ayuntamiento». «Pero es la secretaria a quien culpa de la actual crisis en que se encuentra el municipio y de la cual dice que ha llegado a amenazarle con una regla», apuntaba la crónica publicada por este periódico.
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