La Delegación del Gobierno pregunta a Exteriores por el detenido en Santo Tomé

La Delegación del Gobierno en La Rioja se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores del Gobierno de España para interesarse por el estado y situación de Orlando Pérez, el joven arnedano detenido en Santo Tomé y Príncipe acusado de planear -junto a dos exmilitares españoles, un exministro santotomenses y otro militar que formó parte del grupo de élite militar de la Sudáfrica del apartheid- un golpe de Estado.

El Ministerio, que apenas ha ofrecido información más allá de la confirmación de la detención de los españoles, trasladó a la Delegación del Gobierno en La Rioja que, hasta el momento, no se ha registrado novedad alguna y que están pendientes de la evolución del caso.

Según la prensa local el plan pasaría por el secuestro del presidente de la República y del Parlamento y la ejecución del primer ministro. Entre los cargos que la Policía Judicial presentó contra Orlando y sus compañeros también figura la posesión de armas de guerra, entre ellas fusiles AK-47 (kalashnikov) y granadas. Según informó ayer otro medio de Santo Tomé, el máximo responsable de la Guardia Presidencial fue destituido tras comprobarse que los fusiles de asalto AK-47 que presuntamente fueron incautados a los detenidos pertenecían al Ejército del país

Fuentes próximas a la familia del arnedano han rechazado todas las acusaciones que pesan sobre él y, además, apuntaron que nunca ha formado parte del Ejército ni de sus cuerpos especiales como publicó algún medio nacional. También desde UCP Group, la firma inglesa de seguridad privada y adiestramiento, han negado a este periódico que Orlando Pérez trabajara en algún momento con ellos. Jon Morales, director ejecutivo de Skudo Consultores (miembro de UCP Spain), asegura que «nunca ha sido empleado y mucho menos delegado en España de la firma británica» al tiempo que dice desconocer «qué acreditaciones puede certificar para afirmar que era instructor de módulos de medicina táctica en cursos para seguridad privada».

El responsable de la consultora defiende la profesionalidad del sector -«no existe la categoría de mercenario, por tanto, o se trabaja de forma legal como vigilante de seguridad o escolta privado o el resto son tareas ilegales». En esa línea considera que «se ha arrestado a tres ciudadanos españoles que han jugado con fuego por querer ganar un dinero realizando tareas que siempre han de hacerse mediante empresas legales dedicadas a tareas permitidas por la normativa internacional mediante contrato oficial. Este es el riesgo que se corre».