El Consistorio arnedano estudia la petición de compensación económica de Fuentelavero

Cuando en noviembre de 2011 abrió sus puertas, el centro termal y deportivo Fuentelavero lo hacía en el marco de una concesión a 30 años por la que la sociedad formada por las empresas JiG Consulting, Samaniego y Qoda Construcciones se hacía cargo de su construcción y gestión durante 30 años a cambio del pago anual del Consistorio de 362.466 euros. Otra condición del contrato a tres décadas era que si el centro contaba con menos de 1.500 socios, el Ayuntamiento le compensaría las pérdidas; a partir de 2.500, compartirían beneficios al 50%.

En estos días, Fuentelavero está cerrado al público después de que la rotura de su segunda caldera imposibilite calentar el agua e instalaciones. La empresa está trabajando para sustituirla lo antes posible y reabrir el servicio.

A la par, ha presentado al Ayuntamiento una solicitud de reequilibrio financiero por la pérdida de socios en los ejercicios de 2020 y 2021, motivada en gran parte por la pandemia. La fundamenta en 2.000 folios que los servicios jurídicos y el contable del Consistorio están analizando.

«Estamos estudiando qué cantidad hay que ingresar como aportación económica de esos dos años. Si lo que Fuentelavero reclama es de justicia, el Ayuntamiento hará frente y cumplirá con el contrato», explicó ayer el alcalde, Javier García. Además, el Ayuntamiento tiene pendiente la liquidación de 42.288 euros por la campaña de verano.

Esta situación llevaba en días pasados a Partido Popular y Partido Riojano a exigir al grupo de gobierno una solución para la instalación. En exhaustiva respuesta con documentación, García reprochó ayer que los partidos que dispusieron la fórmula de financiación de Fuentelavero lancen ahora «críticas sin rigor ni información». El primer edil recordó que ya en 2012, 2014 y 2015 la empresa pidió ese reequilibrio financiero por problemas económicos sin que el gobierno de PP y PR+ le respondiera. Y descartó lo planteado por el PP de hacer adelanto de cuotas, pues supondría una «modificación sustancial del contrato y cambiar las reglas del juego y las otras dos empresas que concurrieron en su día podrían alegar».

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