Un nuevo tiempo para las 'casillas'

Desde la meseta de Planarresano, la continuidad de las edificaciones a lo largo de la vega del Cidacos confunde dónde acaba el casco urbano arnedano y dónde empieza el terreno rústico, dónde empiezan las huertas. Es la herencia de más de tres décadas de construcciones socialmente aceptadas para corresponder a la costumbre arnedana de disfrutar de su tiempo de ocio en la huerta.

En esas décadas, las casetas para guardar aperos del campo crecieron. Pasaron a casillas. Si había capacidad económica, a chalés. Y algunas asemejan mansiones, con piscinas, frontones. Pero cientos se sobrepasaron, más tras la entrada en 1989 del Pepman, el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente y Natural, que limita a 40 metros cuadrados la construcción en zona protegida, como la huerta del Cidacos.

Ante el incumplimiento de la ley, el Ayuntamiento ha impuesto sanciones a lo largo de los últimos lustros, con márgenes para las muy graves entre 30.000 y 300.000 euros. Aunque en ocasiones los técnicos las valoraron en 270.000 euros, las propuestas políticas a pleno dejaron a la inmensa mayoría por debajo de 100.000. Y dadas esas cuantías, la tendencia invitó en los últimos años a construir en otras zonas como Planarresano, donde la infracción es grave, entre 3.000 y 30.000.

En cada legislatura, lo habitual era que el grupo de gobierno de turno aprobara en solitario la sanción, con la abstención o voto en contra- de los partidos en la oposición. Por ello, la aprobación con la unanimidad de los cinco grupos políticos en el pleno extraordinario del jueves de una sanción a una nave agrícola, expediente del 2013 que quedó inconcluso, supone un cambio histórico en el tratamiento político.

Es la respuesta común de los partidos ante el punto de inflexión que supone la judicialización de las 'casillas' una vez que, a instancias de la Fiscalía riojana, el juzgado de Primera instancia e instrucción número 3 de Calahorra abría procedimiento a principios de marzo sobre 41 expedientes sancionadores que no fueron finalizados en la anterior legislatura. Junto a los propietarios, cuatro empresas constructoras y un ex- funcionario del área de Urbanismo citados a declarar, la juez llamaba también a comparecer como investigado al exalcalde arnedano Juan Antonio Abad.

Ese posicionamiento a uno da continuidad a la declaración institucional asumida en el pleno municipal del 30 de marzo, que llama a los vecinos a cumplir la ley y a actuar con diligencia en los expedientes que puedan iniciarse. «Éste era de los últimos expedientes sancionadores por terminar. Hay otros en periodo de alegaciones o en restitución de la legalidad -explica el alcalde Javier García-. A partir de ahora, el camino es el que marca la declaración institucional: en la práctica, que se restituya la legalidad de las infracciones que ahora comiencen».

Así, el Ayuntamiento llama a los vecinos a frenar la construcción ilegal y advierte de la aplicación de una fase de la normativa que nunca se efectuó, la restitución de la legalidad, es decir, el derribo, algo que no prescribe en zona protegida. «Tienen que concienciarse de que la realidad ya no es la que era. Si surgen expedientes nuevos, hablaremos con los ciudadanos para que restituyan la legalidad. Y si no lo hacen, que tenga conocimiento el juzgado», expone el alcalde.