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ERNESTO PASCUAL
Domingo, 23 de octubre 2016, 12:56
La instructora del Tribunal de Cuentas Raquel Rodríguez García considera que la 'factura indebida' que la sociedad gestora Adepri giró el 5 de julio del 2010 a la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR) por 148.162,10 euros (más IVA) en relación al proyecto ... de la urbanización El Sol reúne los requisitos «para generar responsabilidad contable por alcance».
Además, tras atender ayer a las partes y a sus alegaciones, considera al anterior alcalde y presidente de INAR, Juan Antonio Abad, al secretario del consejo de Administración y entonces concejal de Urbanismo, Manolo Soria, y al gerente de INAR, Francisco J. Bermejo Donamaría, como responsables directos y solidarios de un presunto alcance (falta de justificación en las cuentas) en los caudales públicos. Por ello, ayer les notificó su requerimiento para que reintegren, depositen o garanticen la fianza de forma solidaria de 216.373,13 euros en el plazo de 10 días hábiles. Esa cuantía corresponde a 174.831,28 por el principal de la factura y a 41.541,85 por intereses, según el acta de la liquidación provisional en las actuaciones previas celebrada ayer y a la que Diario LA RIOJA tuvo acceso.
Son las conclusiones que la instructora formuló ayer después de que tomara declaración en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid a los responsables de INAR en aquella época y en la actualidad. Por un lado, Juan Antonio Abad y Bermejo Donamaría y, por otro, a la actual concejala de Régimen Interior, Chus Gil de Muro -el alcalde, Javier García, derivó en ella la asistencia tener que atender ayer la agenda en Arnedo-.
Camino judicial
En el debate abierto al inicio de esta legislatura sobre el futuro de la empresa municipal, en actividad entre el 2000 y el 2015, el Ayuntamiento arnedano iniciaba en febrero una comisión informativa con los grupos municipales de la Corporación que tuvo un punto de inflexión en abril, cuando conoció un informe del secretario general de la Corporación. En éste se reflejaban, por un lado, presuntas irregularidades en la contratación de Adepri para que fuera la empresa externa que gestionara INAR, asunto que el fiscal jefe superior de La Rioja denunció en julio ante el juzgado de instrucción número 3 de Calahorra -este hecho se encuentra en secreto de sumario en fase de investigación-. Por otro lado, el informe del secretario aludía a una factura «que no era legalmente admisible su emisión». Ésta se refería al proyecto de las 154 viviendas unifamiliares de la urbanización El Sol y el Tribunal de Cuentas asumió su investigación en mayo tras recibir un informe desde el Ayuntamiento.
En el proceso de esta investigación, el Tribunal de Cuentas citó ayer a los implicados para conocer sus declaraciones y alegaciones. En la reunión, el Tribunal de Cuentas dio validez al informe formulado por el secretario general de la Corporación arnedana por encima de los argumentos y de la numerosa documentación aportada por los abogados de Abad, Soria y Bermejo para explicar aquella factura. En su informe, el secretario exponía que la factura pagada «nada tiene que ver con el contrato entre INAR y Adepri» en cuanto a las condiciones del pago.
Entre las alegaciones presentadas, que incorporan hasta 982 documentos, la defensa de Bermejo Donamaría afirma que INAR oculta información a la instructora, señalando que tanto la empresa como el Ayuntamiento tenían conocimiento de un documento contractual del 19 de abril del 2010 sobre las condiciones de pago sobre el proyecto. Además, Bermejo apunta que el documento de condiciones de pago no requería aprobación del consejo de administración. Pero, como en otros argumentos y documentos presentados por Abad y Soria, la instructora no los admite: «El Ayuntamiento ha facilitado a esta instructora toda la documentación que se le ha requerido», responde.
De los investigados, sólo Juan Antonio Abad quiso ayer realizar alguna declaración tras conocer la resolución del Tribunal de Cuentas: «Defendemos que la factura está legitimamente pagada porque corresponde a un trabajo realizado, como mostramos en la mucha documentación entregada que la instructora ha ignorado para asumir el informe del secretario; nos ha indicado que nos queda defender en juicio las pruebas y hechos que aportamos», dijo.
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