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Ernesto Pascual
Lunes, 15 de agosto 2016, 12:06
La investigación sobre la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR) tiene dos frentes abiertos: por un lado, la investigación sobre si existe responsabilidad penal en las presuntas irregularidades en las contrataciones para su gerencia -hechos denunciados por la Fiscalía riojana el 23 de julio ante ... el juzgado de instrucción número 3 de Calahorra por posible malversación de fondos públicos-; y, por otro lado, el conocimiento de una factura del 5 de julio de 2010 por importe de 148.162,10 euros más IVA que el secretario general de la Corporación arnedana planteaba como «indebidamente cobrada» en el informe jurídico que elevó el alcalde, Javier García, en abril a la comisión informativa municipal sobre INAR.
Mientras la investigación sobre las contrataciones está en manos del juzgado, que ya requirió acopio de información al Ayuntamiento, el Tribunal de Cuentas avanza en el segundo frente, el de la factura «indebidamente cobrada». Para ello, ha nombrado una delegada instructora, Raquel Rodríguez García.
A la espera de su liquidación, la empresa municipal INAR ha sido una entidad por la que, desde su constitución el 2 de febrero del 2001, el Ayuntamiento arnedano promovió vivienda y suelo industrial públicos. Con la crisis inmobiliaria, se reinventó en empresa de servicios. Desde su inicio, la gestión estuvo en manos externas, de la empresa Adepri, luego rebautizada como Nur. Precisamente los contratos con Adepri y Nur son los que la justicia está investigando.
Junto a las conclusiones que le llevaron a señalar presuntas irregularidades en esas contrataciones con las empresas Adepri y Nur, el secretario general del Consistorio apuntaba en su informe lo siguiente sobre la factura en entredicho: «Podemos señalar que Adepri la giró de forma indebida, produciéndose un enriquecimiento injusto para dicha entidad, lo cual debería de ser reclamado por INAR, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro carácter que se puedan derivar para el responsable».
Desde esos indicios de responsabilidad contable en la gestión, de los que apunta como responsables a los gestores de la sociedad municipal, la delegada instructora, desde la Unidad de Actuaciones Previas del Tribunal de Cuentas, ha requerido al Ayuntamiento la documentación sobre los hechos para practicar las diligencias de averiguación.
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