La comisión propone disolver el INAR y deja a la justicia la definición de responsabilidades

«Ya en la oposición éramos muy críticos pues no estábamos de acuerdo con la forma en que se hacían los contratos de INAR y cómo se llevaban», explicó ayer la presidenta de la comisión y concejal de Régimen Interior, Chus Gil de Muro. «INAR tuvo en el pasado una razón de ser, hoy no tiene sentido prolongar una empresa sin actividad, con un coste de mantenimiento y cuyos únicos ingresos provienen del Ayuntamiento», añadió la edil.

PSOE, Ciudadanos e IU han llegado a la misma conclusión por distintos caminos, tal y como expresaron en la rueda de prensa en la que comparecieron ayer. Los representantes de PP y PR+ declinaron la invitación a participar en este encuentro con los medios informativos.

En ese acuerdo para la disolución de INAR, pesan tanto un presente y futuro sin objetivos definidos como el pasado conocido estas semanas de comisión, más con los datos que arroja el informe jurídico del secretario general de la Corporación. Este se refiere a las contrataciones de INAR con la empresa externa que la ha gestionado desde su nacimiento en el 2001 hasta el 31 de diciembre del 2015, Adepri -después NUR-, labor por la que ha percibido 2.874.239,12 euros.

Ese informe señala irregularidades en unas contrataciones que el secretario describe que se hicieron «a dedo», sin publicidad y sin responder al procedimiento de la Ley de Contratos de la Administración Pública. Ya en manos de Fiscalía y Tribunal de Cuentas, la inexistencia de libre concurrencia y publicidad en las contrataciones podría generar responsabilidad penal por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Ante ello, los concejales de PSOE, C's e IU coincidieron ayer en esperar y respetar el trámite y los tiempos de Fiscalía y Tribunal de Cuentas. Según los movimientos que den o su pronunciamiento, los tres portavoces afirmaron que pedirán las responsabilidades que correspondan.

«La comisión ha merecido la pena, pues ahora conocemos cómo se gestionaba y contrataba», valoró Pedro Marín, de Ciudadanos, exedil del PR. «Cuando sepamos cómo actúa la justicia, pediremos responsabilidades políticas pues, recordemos, tres integrantes del consejo de administración de INAR son hoy miembros de la Corporación».

«Si aparecen responsabilidades, mi grupo las pedirá desde el primer día de INAR hasta el último y a cada uno de los presidentes de INAR», expresó por su parte Miguel Pujada, de IU, para quien la comisión ha probado que «lo público no debe mezclarse con la empresa privada».

Flecos ante el cierre

La resolución legal sobre las irregularidades en las contrataciones apuntadas por el informe del secretario y sobre una factura de 148.000 euros girada, al parecer, de manera indebida son algunos de los flecos a resolver en los próximos meses.

Pero el proceso de liquidación tiene también flecos urbanísticos y administrativos abiertos. INAR cuenta con un préstamo bancario, dinero en efectivo, bienes como locales y trasteros en el Peri 7 y ocho plazas en el aparcamiento de plaza de España. Y además de su período de devolución del Gobierno de La Rioja por la construcción del centro joven, participa en las juntas de compensación del polígono San Fruchos II junto a otra empresa y del sector SR-1, conocido como El Sol, con otras empresas y propietarios.

«Los técnicos municipales dilucidarán cómo revertir los bienes en el Ayuntamiento, o si éste seguirá en las juntas de compensación o qué otras fórmulas son posibles», explicó Gil de Muro.