Preciado dice que no va a «tirar la toalla» y que intentará que Jiman se quede en Alfaro

La cuña por la que la empresa alfareña Jiman anuncia que busca terrenos en Navarra, Aragón o Soria para el traslado de sus instalaciones seguía sonando ayer en una emisora comarcal. El conocimiento de la situación que ha llevado a su dirección a tomar la decisión de trasladarse, con sus 50 puestos de empleo más los que prevé crear, por la imposibilidad de ampliar sus instalaciones, dolió ayer en Alfaro.

«Todo lo que he hecho y voy a seguir haciendo es para que se quede en Alfaro. No voy a tirar la toalla», afirmó ayer a este periódico la alcaldesa, Yolanda Preciado (PP). La primera edil advierte de que la empresa «urbanísticamente, no puede crecer» en una zona en la que sus instalaciones han quedado encajonadas por otras industrias vecinas. Por ello, Preciado apela a que la dirección de Jiman mantenga el proceso para motivar y justificar la licencia ambiental solicitada -y publicada en el Boletín Oficial de La Rioja del 6 de febrero-. «La empresa tiene que cumplir con los requisitos urbanísticos, para lo que debe hacer la motivación para tener la licencia provisional que le permita seguir trabajando y corregir después las licencias oportunas, de modo que vaya desplazándose poco a poco hacia el parque industrial La Senda», expone la alcaldesa.

En esa búsqueda, el grupo de Gobierno ha trasladado la situación a la Dirección General de Calidad Ambiental, a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, a la sociedad estatal Sepes -promotora del parque La Senda- y oferta bonificaciones al impuesto de construcciones y obras (ICIO), como a toda firma que se instale o amplíe.

Lamentando el 'efecto frontera' que perjudica a Alfaro frente a las ventajas que oferta Navarra, la alcaldesa lamenta la «descorazonadora intervención» en el pleno de la concejal socialista, Sara Orradre, preguntando sobre las licencias de las obras de Jiman el pasado 1 de marzo. Al día siguiente, firmaba la paralización de las obras. «El PSOE lamenta la situación, pero no somos responsables de que una empresa tenga que marcharse -replicaba ayer Orradre-. El responsable es el grupo de Gobierno que no pone las condiciones para que las empresas amplíen en condiciones de legalidad. No sólo no crea los 300 empleos prometidos, sino que no amarra los existentes».