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María Félez
Lunes, 17 de abril 2017, 09:20
Una vez más varios vecinos de Rincón de Soto han acudido a los tribunales para que se estudie la legalidad de unas obras emprendidas por la empresa COSAMI (ahora Puente del Ebro) en Rincón de Soto. El pasado lunes presentaron una denuncia ante la Fiscalía ... ante lo que consideran una ilegalidad urbanística.
El Plan General del municipio clasifica la zona donde están ubicadas las instalaciones de la empresa como residencial para unifamiliares por lo que ésta no podría realizar ninguna obra mayor que signifique una ampliación de sus instalaciones: «Cuando comenzaron las obras acudimos al Ayuntamiento para ver qué permisos se habían pedido, ya que ahí no se puede construir nada que no sea una casa unifamiliar, y vimos que hay un permiso solicitado en el año 2015, es decir ya caducado, en el que se solicita licencia para el arreglo de un acceso y para colocar una valla», explica Arturo Escalada, que se ve de nuevo inmerso en un problema con esta empresa, dieciséis años después de que el Supremo le diese la razón por motivos similares. «Como se puede ver, lo que están construyendo es un muelle de carga», asegura Victoriano Llorente, también vecino de la zona.
Dos décadas de problemas
Victoriano y Arturo son dos de los rinconeros que hace casi dos décadas acudieron a los tribunales para denunciar a la empresa. Entonces, allá por el 1998, la firma comenzó la construcción de una nueva nave anexa a las instalaciones antiguas y el consistorio, dirigido por el PSOE, planteó un cambio del Plan General para dar cabida a estas obras ya que el uso exclusivo de la zona era en esa época también residencial, como lo es hoy: «Fue curioso porque mi finca, de unos 2.000 metros, pasó a tener hasta tres usos con la modificación puntual que se quería hacer desde el ayuntamiento», recuerda Victoriano.
El pleno municipal votó a favor de la modificación (PP y PSOE se posicionaron a favor) y la COTUR dio el visto bueno a un cambio que legalizaba la nave. Pero los vecinos insistieron en los tribunales. Primero ante el juzgado de lo contencioso en La Rioja y, luego, ante el Supremo, tumbaron el cambio con una sentencia clarísima que decía en uno de sus puntos que «la Modificación Puntual no tiene otro objetivo que hacer posible la legalización de esa nave industrial construida sin licencia alguna (...), en beneficio directo de la empresa conservera (...) y no del interés general del municipio».
La nave nueva de la empresa fue precintada y, a pesar de que la sentencia no obligó a derribarla, sí que forzó a que no hubiese actividad en la misma. Casi dos décadas después parece que todo se repite: «Es que hasta han cortado lo que sería una futura calle en el Plan General», se quejan los vecinos.
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