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Luis J. Ruiz
Martes, 19 de agosto 2014, 16:37
Cerca de nueve horas es el tiempo que, desde ayer por la mañana, permanecieron en las dependencias del Consistorio de Soto en Cameros los siete miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil que registraron a fondo los archivos y equipos informáticos del ... Ayuntamiento y del que se llevaron diversa documentación. Los agentes realizaron el registro acompañados por el alcalde, Miguel Pedro Cuesta Santo Tomás (PP), que abandonó el Consistorio pasadas las 18 horas.
El primer edil camerano aseguraba ayer a Diario LA RIOJA que no conocía el motivo del registro y explicaba que «han estado mirando los ordenadores y diversa documentación». Apuntaba también que desde el Ayuntamiento «se ha prestado la máxima colaboración posible». «Es una situación desagradable porque aquí no ha habido ningún problema. Estamos tranquilos ya que quien nada hace, nada teme», insistía al tiempo que recordaba su deber de ser «cauteloso» al cuestionarle sobre si la investigación podría tener alguna relación con la adjudicación de obras o servicios en la localidad.
Poco después, desde la sede del PP se emitía una escueta nota de prensa en la que aseguraban que el registro se debe a «la investigación que se está realizando a una empresa» que resultó adjudicataria «hace años» de tres obras «cumpliendo todos los procedimientos y requisitos legales». Una versión con ciertas líneas de conexión con la apuntada desde otras fuentes cercanas a la investigación que señalan que la presencia de la Guardia Civil podría estar motivada por la investigación que la Agencia Tributaria tiene abierta contra el anterior concesionario del albergue municipal.
Desde el PR, en una nota de prensa, exigían explicaciones a Pedro Sanz y a «José Ignacio Ceniceros, que es el responsable del PP en Cameros y lo controla todo», y apuntaban que «parece que se investigan varias adjudicaciones en los últimos tiempos».
Explicaciones
El PSOE, a través de su secretario de organización regional, Francisco Ocón, exigía «explicaciones al PP y al Ayuntamiento de Soto en Cameros»y recordaba que «no es el procedimiento habitual que la Policía Judicial se presente en un Consistorio para recabar información sobre una empresa», por lo que dejaba entrever la posible existencia de irregularidades en la actuación municipal.
Alvaro Villar, antiguo concejal por Izquierda Unida en un Ayuntamiento en el que a día de hoy sus cinco ediles son del PP, lamentaba la falta de información desde el Consistorio y recordaba que «en los últimos tiempos se han adjudicado muchas obras en Soto». IU, en una nota de prensa, exigía «explicaciones inmediatas al Gobierno regional y al equipo de gobierno municipal» y recordaba que «la alarma social generada por los distintos casos de corrupción vinculados al PP riojano exigen explicaciones rápidas y claras ante cualquier sospecha de un nuevo caso de corrupción vinculado con el PP de La Rioja».
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