La agonía de Doñana divide al territorio

El Parque Nacional y Natural de Doñana, en Andalucía, es la mayor reserva ecológica de Europa. En sus ecosistemas viven 360 tipos de aves, 20 de peces de agua dulce, 21 de reptiles, 11 de anfibios y 37 de especies de mamíferos no marinos, así como un millón de aves migratorias cada invierno. Desde principios del siglo XX, Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales, según un informe de la organización ecologista World Wide Fund for Nature (WWF). En la agonía del parque nacional subyacen dos detonantes: la sequía y la gestión hídrica, temas fundamentales que este lunes sehan abordado, en general, dentro de la COP27, la cumbre del clima que se celebra en Egipto, como parte de los debates del Día del Agua.

Doñana se encuentra en un clima mediterráneo, con otoños e inviernos templados y lluviosos y veranos calurosos y secos, pero «llevamos más de una década sin tener un año húmedo», señala Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. «La demanda actual de agua no se ajusta a su disponibilidad, y quien sufre los estragos son las lagunas y la fauna y la vegetación que depende de ellas. Si continuamos así, los siguientes seremos los humanos», añade Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

En julio se batió el récord de temperatura. El termómetro alcanzó los 46,3 grados centígrados, seis más de la media de ese mes desde 1978, cuando comenzaron los registros; y este verano ha sido el primero en el que todas las marismas de la reserva, las temporales y las permanentes, se han secado. El año hidrológico finalizó en agosto con una media de 282,5 litros de agua por metro cuadrado registrados –la media de los últimos 10 años ha sido de 445 litros–, y el agua no rebrotó hasta el 1 de septiembre, al descender el número de veraneantes en Matalascañas.

Según los últimos datos, muchas especies de invertebrados y plantas sensibles han desaparecido de las zonas afectadas y el número de aves migratorias este 2022 fue el más bajo de los últimos 40 años. Se censaron apenas 87.500 individuos, frente a los más de 470.000 del 2021.

La macrourbanización de Matalascañas recibe 150.000 visitantes cada verano y explota las aguas subterráneas de Doñana a través de cinco sondeos legales, lo que contribuye a la sequía. Los científicos han demostrado que la reubicación de los dos más cercanos a la reserva subiría el nivel freático de los humedales hasta 1,3 metros, lo que está previsto hacer. Al mismo tiempo, la falta de depuración de las aguas residuales de Matalascañas, que contaminan la reserva, llevó al Tribunal Europeo, en 2018, a imponer a España una multa millonaria. Ya asciende a 62,96 millones de euros y crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos.

La sobreexplotación de agua responde, también, a la actividad agrícola intensiva dedicada al cultivo de frutos rojos. El 94% de la producción de fresa nacional se concentra en la provincia de Huelva, según cifras de la Junta de Andalucía, y es un negocio lucrativo que generó 1.186 millones de euros en 2021. Allí conviven agricultores legales con ilegales. En 2014, el 'Plan Especial de Ordenación de las Zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana', o 'Plan de la Fresa', intentó regularizar las fincas de regadío y eliminar la superficie regada sin permiso, estimada en 1.653 hectáreas.

La ley propició las protestas de los agricultores irregulares. «El Plan se aprobó a partir de la situación de 2004, comprobada mediante foto aérea. Las fincas que aparecían con plástico las calificaron de regadío y el resto de secano, cuando muchas de ellas habían sido de regadío antes y, simplemente, ese año estaban sin trabajarse», expresa Julio Díaz, portavoz de la Plataforma Regadíos del Condado. Como respuesta a la presión ejercida, el pasado 9 de febrero, los partidos PP, Vox y Ciudadanos presentaron una Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía para modificar el 'Plan de la Fresa' y regular como regables 1.400 hectáreas de terreno, lo que les permitiría pedir los derechos de uso del agua del trasvase desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Guadalquivir.

El presidente de la CHG no comparte esta decisión: «En la planificación de la cuenca del Guadalquivir, desde el año 2005 está vigente la imposibilidad de aumentar la superficie regable que no hubiese estado planificada con anterioridad. Es la piedra angular para hacer posible el equilibrio y la garantía en una cuenca que cuenta prácticamente con la cuarta parte del regadío del Estado». El director de la Estación Biológica de Doñana agrega: «Plantear así las cosas a los agricultores es engañarles, haciéndoles creer que hay agua disponible para todos».

Por su parte, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que representa a más de 300 agricultores con permisos de riego en Almonte, ha abandonado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. «No estamos en contra de que se regularicen nuevas tierras, pero si viene acompañado de nuevos recursos hídricos. No se puede premiar a quien cultiva de forma irregular quitándole el agua a quienes llevamos más de 40 años cumpliendo las normas. De hacerlo, el agua del trasvase se quedaría por el camino y no llegaría nada al corazón de Doñana, que es donde nosotros estamos», declara Manuel Delgado, su portavoz.

En cambio, Díaz sostiene que eso de que no habría agua para todos «es un argumento falaz que se está utilizando para dividir al sector, porque al Gobierno le interesa dar la imagen de que la culpa de la sequía es de los agricultores sin permisos, y así generar una guerra del agua». En su opinión, «gran parte del problema viene de que los Gobiernos no han cumplido la ley y no han hecho las reformas hidrográficas a tiempo. La extracción ilegal de agua supone un 20% de la extracción total, así que el problema va más allá, porque la laguna permanente de Santa Olalla no es la primera vez que se seca, ya lo hizo en 1983 y 1995». Además, sugiere que «habría que ver también qué otras infraestructuras hay que consumen agua hacia Sevilla, porque Doñana no es solo Huelva».

La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España nuevamente ante el Tribunal de Justicia de la UE si se aprueba la proposición de ley, como ya hizo en 2019 cuando un informe de la WWF constató que, de las 30 medidas a corto plazo planteadas en el 'Plan de la Fresa', más del 80% no habían sido ejecutadas. La sentencia fue reconocida en 2021 y exigió proteger Doñana de la sobreexplotación provocada por el uso antropogénico. «El problema es que los humanos reaccionamos ante una crisis cuando se hace evidente, no cuando la detectamos; y en Doñana las competencias están tan repartidas que la solución es mucho más lenta y compleja», lamenta Revilla.

Aun así, es optimista si se toman medidas de forma urgente, una opinión compartida entre todos los entrevistados. «Momentos de crisis como este nos deben ayudar a trabajar coordinadamente, con una mejor gobernanza», afirma. Delgado añade: «El parque natural es lo que da la característica diferencial a nuestro producto. Somos los primeros interesados en que se conserve, pero hay muchos intereses de por medio. Al fin y al cabo, esto es un problema de dinero. Lo que cuesta no es coincidir en las medidas que se deben llevar a cabo, sino conseguir que se destinen los recursos económicos necesarios».

Díaz agrega: «Doñana hay que preservarla. Los agricultores están invirtiendo en I+D+i para avanzar y sacar adelante sus cosechas de la mejor forma posible. Lo peor de todo es que el ejercicio mediático que hay contra los agricultores de Doñana mancha la imagen de nuestros productos y beneficia la venta de fruta de otros países».

Entre las medidas que se han ejecutado y que se planea realizar, Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, enumera algunas: «La tramitación de los derechos de agua de una extensión agrícola de más de 2.440 hectáreas de la Corona Norte de Doñana; el cierre de 670 captaciones y el procesamiento de otras 450 captaciones que están en proceso de cierre; y la clausura, a corto plazo, de los dos sondeos de Matalascañas más próximos a las lagunas afectadas, y a largo plazo, de la eliminación de todos ellos para proveer al núcleo costero únicamente con aguas superficiales».

Además, está prevista la instalación de un sistema de contadores (ya hay 400 instalados) que permita monitorizar, en tiempo real, el consumo de los usuarios; y mantener la vigilancia y el control estricto para impedir las captaciones ilegales –la CHG ha clausurado más de 200 pozos ilegales estos últimos años–, entre otros.

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